Uno de los principales indicadores de la calidad de vida de una sociedad es el grado de acceso que tiene a los servicios básicos como la salud, la educación, el agua potable, la electricidad y la seguridad. Estos servicios son fundamentales para garantizar el Bien Común, el ejercicio de los derechos de las personas y el desarrollo de sus capacidades. Sin embargo, en México, aún existen grandes desigualdades y carencias en estos ámbitos, lo que afecta negativamente a millones de ciudadanos y ciudadanas.
Por eso, un gobierno que se precie de ser responsable y democrático, tiene como tarea prioritaria brindar a las personas la garantía de contar con los servicios básicos para vivir. Esto implica destinar los recursos públicos –que la ciudadanía confía a las manos de sus autoridades– de manera eficiente y transparente, diseñar políticas públicas efectivas y participativas, fortalecer las instituciones y fomentar la rendición de cuentas y la evaluación de los resultados.
En muchas partes del mundo, especialmente en los países menos desarrollados, la generación eléctrica es un desafío que se ve agravado por la crisis climática, la corrupción y la falta de infraestructura. Países como Cuba o Tailandia, por ejemplo, sufren cortes frecuentes y limitaciones en el consumo de electricidad, lo que afecta a la calidad de vida de sus habitantes, al funcionamiento de sus industrias y servicios, y a su capacidad de desarrollo económico y social. Estas situaciones evidencian la necesidad de impulsar modelos energéticos más sostenibles, que garanticen el acceso universal a la electricidad como un derecho humano básico.
México ha sido históricamente un país con una producción suficiente de energía eléctrica para cubrir las necesidades de consumo y suministro de agua potable de su población. Sin embargo, en los últimos años, esta situación se ha visto comprometida por el aumento de la demanda energética, impulsada por el crecimiento demográfico, el desarrollo industrial y urbano, así como por los efectos del cambio climático. Este último ha provocado fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones, heladas, y ondas de calor intenso que han afectado la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos, así como la infraestructura y operación de las plantas generadoras de electricidad.
Por ello, es necesario replantear la estrategia energética del país, buscando diversificar las fuentes de generación, promover el uso eficiente y racional de la energía, e incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y social en el sector eléctrico. Estas medidas contribuirán a garantizar el derecho al acceso a la electricidad y al agua potable de todos los mexicanos y mexicanas, así como a mitigar y adaptarse al cambio climático.
Pero sobre todo, resulta indispensable lograr una buena administración de la relación producción-consumo. Si desde las instituciones encargadas de concesionar, medir y evaluar la producción energética no se hace un buen cálculo de las necesidades, y se realiza un balance adecuado con los productores, entonces la red eléctrica seguirá fallando y afectando las vidas de las y los mexicanos. Por eso, es fundamental fortalecer la transparencia y el control en el sector eléctrico, así como establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre los distintos actores involucrados, tanto públicos como privados, nacionales e internacionales, para asegurar una gestión eficiente, equitativa y sostenible de la electricidad.
