Entre los análisis de grandes grupos financieros sobre los impactos en los mercados y en la economía mexicana por los cambios constitucionales que impulsa la fuerza política dominante en el país –pisando el acelerador para concretarlos y desdeñando los riesgos y las consecuencias previsibles–, el que recién publicó Citibanamex destaca por una reflexión tan penetrante como inquietante.
En lo político, apunta a un cambio de régimen que puede cancelar la democracia liberal, “asentada en el Estado de derecho y regida por el cambio electoral periódico de gobiernos mayoritarios y sólidamente contrapesados”. Para los mercados, “graves implicaciones” que han sido subestimadas: “Por definición”, señala, “las primas de riesgos deberían aumentar de forma significativa Todavía no ha ocurrido”.
Considera que, en los mercados, hasta ahora contenidos, podría desencadenarse “una reacción acumulada”. Que puede haber una significativa tolerancia al riesgo, en la lógica de “esperar a ver”, que modera o retrasa el descuento, sea depreciación del tipo de cambio o en los pronósticos económicos, a pesar de que en ambos casos ya hay un claro impacto. Paradójicamente, esto vuelve a esas proyecciones más frágiles y aumenta la fuerza potencial de las reacciones a medida que se aclare adónde va ese “nuevo régimen”.
El punto es que el mercado no parece haber descontado completamente que sí habrá una mayoría calificada en el Congreso, como ya lo ha determinado el INE, a pesar de que ésta no se corresponde con los votos ni con los principios constitucionales. Y con ello, que muy probablemente sí se aprobará la reforma judicial y otras que, en efecto, perfilan un sistema político distinto, que no sabemos exactamente adónde va, pero sí que no lleva el rumbo del Estado democrático de derecho, con división de poderes y pluralidad en la representación política.
Como un remanente de optimismo, beneficio de la duda o “pago por ver” que, retrasando una evaluación consecuente del riesgo, puede estar elevándolo, elevando el costo del descuento correspondiente.
Por analogía, los mexicanos debemos preguntarnos qué tanto estamos subestimando los efectos del fin de la pluralidad legislativa por una mayoría calificada artificial, a la que seguiría, según el “Plan C”, la desaparición de la representación proporcional y un mayor desfondamiento del INE como organismo independiente. Y con ello, con el resto de los cambios constitucionales que se pretende tramitar en fast track.
¿Estamos conscientes de lo que implica la deformación del Poder Judicial mediante una reforma tan disruptiva como abrupta, improvisada y sin pies ni cabeza, sin relación entre los problemas que se aducen y la solución de hacer tabla rasa de lo que hay para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular?
¿Conformes con un escenario del que sólo puede anticiparse, a corto plazo, un caos jurídico, y, a mediano y largo, una profunda destrucción institucional y la pérdida de la independencia y la competencia profesional en la impartición de justicia, para ser capturada por una fuerza política sin contrapesos, junto, muy probablemente, con otros poderes fácticos, incluyendo al crimen organizado?
¿No estamos subestimando lo que conlleva la desaparición de órganos autónomos para la transparencia gubernamental, la protección de datos personales, la competencia económica, la regulación del sector energético?
¿Se están dimensionando los riesgos de poner en vilo salvaguardias elementales en nuestros tratados comerciales, dejándolos en vilo? Comprometiendo al TMEC, del que depende enormemente nuestra economía y, en última instancia, la estabilidad social. Y en el peor momento, cuando hay oportunidad –que se está erosionando rápidamente– de atraer un importante flujo de inversiones por la relocalización de cadenas de suministro. Y cuando, por otro lado, crecen las tendencias proteccionistas en Estados Unidos, y aquí con un panorama de estancamiento económico y el mayor déficit gubernamental en al menos dos décadas.
Comprometiendo las posibilidades de desarrollo económico del nuevo sexenio antes de que siquiera inicie por reformas tan apresuradas como irracionales, y para algunos de sus promotores, casi como ofrenda –sin importar el costo para el país– a un gobierno al que le queda un mes.
El análisis de Citibanamex expone que, en general, los mercados no otorgan tanta importancia a un régimen político, siempre que haya estabilidad y políticas económicas previsibles de corto y mediano plazos. Que puede ser que se considere que, aunque debiliten la democracia, no implican per se medidas anti-mercado ni debilitamiento del marco macroeconómico. Pero como apuntan los analistas, sin contrapesos ni un sólido Estado de derecho, la incertidumbre de que subsista ese precario balance crece.
Por poner un ejemplo: ¿cuánta seguridad puede haber sobre la vigencia de la autonomía de la política monetaria con este “nuevo régimen” sin contenciones si la economía y las finanzas públicas se siguen deteriorando?
Así, los pronósticos del reporte cuentan la subestimación de los cambios constitucionales para una mayor depreciación del peso, hacia 19.50 por dólar al cierre de año y 20.20 al de 2025; y menos crecimiento: 1.6 y 1.1 por ciento, respectivamente. Pero puede ser mucho peor.
El que se diga que la mayoría votó por estas reformas, aunque fuese cierto, no vuelve racional lo irracional. No convierte una destrucción institucional en una reforma. No puede hacer que más concentración de poder equivalga a más democracia. Que haya certidumbre jurídica cuando se exacerba el margen de discrecionalidad de gobernantes y políticos. No hace verdad lo que no lo es: subsiste el contrapeso de la realidad.
Tampoco puede vacunarnos contra las consecuencias: económicas, políticas, sociales, en derechos fundamentales. Máxime si las subestimamos: gobierno saliente y sobre todo el próximo, y los mexicanos, en general.
