La violencia de género contra las mujeres es la violación a los derechos humanos más reiterada y recurrente en el mundo, según estudios del Sistema de Naciones Unidas. La misma organización reporta que, globalmente, poco más del 70 por ciento de las mujeres enfrenta algún tipo de violencia en el transcurso de su vida.
La situación en nuestro país no es menos alarmante. De acuerdo con cifras del INEGI, el 66 por ciento de las mujeres ha sufrido algún incidente de este tipo en su vida. 45 por ciento ha sido víctima en sus centros de trabajo y 43 por ciento han sido agraviadas por sus parejas.
Este grave flagelo se manifiesta de distintas maneras y en diferentes contextos. Desde las conductas más sutiles e imperceptibles, que son parte de un machismo muy arraigado en nuestra cultura, hasta la violencia física y sexual. Este tipo de expresiones son, en muchas ocasiones, el preludio a la más extrema: el feminicidio.
Se trata de un problema generalizado en el país. Que no distingue nivel socioeconómico, y toca todos los espacios. Y, lo más preocupante, que en los últimos meses ha mostrado una tendencia al alza muy significativa.
Así lo demuestran las cifras de incidencia delictiva del primer cuatrimestre del año, publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hace unos días. En ellas se observa un aumento en todas las faltas relacionados con este tema.
Por ejemplo, si comparamos los primeros cuatro meses del 2019 con el mismo periodo del año pasado, los delitos contra la libertad y seguridad sexual han aumentado un 26 por ciento. Esta clasificación, incluye ofensas como el acoso, el abuso sexual o la violación, cuyas víctimas son en su mayoría mujeres.
El acoso sexual, que podría definirse como aquel comportamiento o insinuación inapropiada, no deseada y ofensiva, y que ocurre principalmente en un entorno laboral o en espacios públicos, ha aumentado un 60 por ciento, en el periodo señalado. Esto da muestra de la magnitud del reto. Ya que el acoso es de las expresiones de violencia más comunes, pero también de las más aceptadas culturalmente.
También el resto de delitos ha registrado un incremento. El abuso sexual ha subido un 36 por ciento en el primer cuatrimestre del año. Y, en este mismo periodo se denunciaron 4,143 casos de violación, es decir, 34 diarios, lo que representa un 17 por ciento más que el año pasado.
Pero, sin duda, la situación más alarmante está en los feminicidios, es decir los asesinatos de mujeres por razones de género. De enero a abril, fueron asesinadas 294 mujeres. Más de 2 al día y 5 por ciento más que en 2018.
Estas cifras, de por si preocupantes, lo son aún más si consideramos dos elementos. En primer lugar la llamada cifra negra. De acuerdo con el INEGI, cerca del 90 por ciento de los delitos sexuales no son denunciados. Lo anterior, por miedo al agresor, porque se trata de una persona cercana e incluso por pena.
En segundo lugar, y en el caso de feminicidio, se tiene que tomar en cuenta que aún no se ha unificado el tipo penal en todo el país, y que hay entidades en las que existen atenuantes para el delito, o no se investiga como tal.
Todo lo anterior da muestra de una realidad que no puede ser ignorada, y que exige compromiso y trabajo de todas y todos, en un auténtico esfuerzo de Estado.
En primer lugar de los tres órdenes de gobierno, promoviendo leyes e impulsando acciones que permitan prevenir y sancionar de manera efectiva la violencia de género. Y apoyando y acompañando los esfuerzos de la sociedad civil.
En este sentido, es preocupante que no exista una perspectiva de género clara en las acciones del gobierno federal. Así lo demuestra, por ejemplo, la cancelación de recursos destinados a los refugios para mujeres víctimas de violencia, que pone en riesgo la vida de miles de ellas. Lo mismo la cancelación de las estancias infantiles que, como determinó recientemente la CNDH, vulnera los derechos humanos de las madres y sus hijas e hijos, y fue un acto de violencia institucional. O que su estrategia de seguridad ignoró los delitos contra las mujeres, que si bien son del fuero local, exigen de soluciones desde todos los ámbitos.
Este tipo de decisiones no se corresponden con la magnitud del problema y deben corregirse.
Al mismo tiempo, y además del trabajo de las instituciones, también se requiere un cambio cultural. Eso exige del compromiso individual de cada persona y cada familia, rechazando el machismo y dejando atrás estereotipos y conductas muy arraigadas y aceptadas que constituyen violencia.
El objetivo es avanzar en la construcción de una sociedad y un país más respetuoso y más igualitario. Una tarea a la que nadie puede renunciar.
Coordinador de las y los senadores del PRI
