Cuando un pueblo se ve obligado a huir de su hogar o dejar su lugar de origen derivado de la violencia, conflicto armado, violaciones a los derechos humanos, desastres naturales o catástrofes provocadas por el ser humano, se le denomina desplazamiento interno forzado.

De manera alarmante, en los últimos meses este fenómeno se reproduce en varias regiones de Zacatecas. Con excepcional valentía, el alcalde de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal, denunció en redes sociales la ola de inseguridad que azota su municipio. Con tono firme, sin titubeos y sin ocultar el agravio, condenó el brutal asesinato de tres campesinos de la tercera edad. “En Valparaíso, todos somos Carmelo Fernández, Eutimio y Salvador Herrera. Y todos somos su familia”. Y fue más allá. “A los dirigentes y a los integrantes de los grupos de la delincuencia organizada que respeten el patrimonio, la integridad personal y la vida”.

En diversas comunidades limítrofes con Jalisco y Durango se suspendió el servicio en clínicas rurales, cerraron escuelas por falta de maestros, familias abandonaron sus casas, tierras y ganado para mantenerse a salvo del fuego cruzado entre grupos antagónicos del crimen organizado. Grave es la situación en nuestro país. 911 mil personas decidieron cambiar de residencia en 2020, es decir, cada hora, 104 ciudadanos renunciaron a su patrimonio, según la Encuesta Nacional de Victimización Y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 del Inegi.

¿Qué hacer? Frente al desamparo y al futuro incierto de miles de familias, es urgente que las autoridades sumen esfuerzos para combatir las células delincuenciales, generadores de la violencia y por ende, el desplazamiento. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación y sus homólogas en los estados, deben acompañar, asesorar y proteger a las víctimas de desplazamiento forzado interno. Finalmente, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias y las equivalentes en las entidades, así como las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, tendrán que conjuntar acciones para proteger los derechos humanos de este sector.

Al drama cotidiano y los efectos multiplicadores de la violencia -homicidios, secuestros, violaciones, extorsiones, desapariciones-, habrá que agregar el daño social del desplazamiento forzoso que trastoca profundamente la paz social, el bienestar, la economía y el arraigo a nuestras raíces y a nuestra cultura. Miles de familias emprenden el éxodo hacia un destino incierto. No van a la Tierra Prometida o tras la búsqueda de la liberación por la esclavitud. Huyen del infierno demencial de sangre, fuego y muerte impuesto por criminales sin ley.