En los últimos días se ha acrecentado el debate sobre la reforma al Poder Judicial. La desinformación que ha propagado la oposición y la élite de esta institución solo buscan conservar sus privilegios. La realidad es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha encargado de darle la espalda al pueblo de México al otorgar sentencias a favor de los poderes económicos mientras argumentan, sin fundamento, que la reforma atentará a la autonomía y la afectación a los derechos laborales de los trabajadores.
El Poder Judicial ha estado corrompido por las cúpulas de las más grandes élites del país y la impunidad es recurrente. De hecho, 61 de cada 100 mexicanos considera que el desempeño de jueces y ministros no es bueno al momento de emitir sentencias y el 67% de los mexicanos considera que la corrupción, así como los actos y medidas preferenciales, son constantes.
Ahora que buscamos reformar al Poder Judicial, la más importante de la vida política de la nación en los últimos años y eliminar sus privilegios, los opositores se escuda en un discurso de falacias. En realidad, desde febrero pasado se implementó en todo el país los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, donde participaron especialistas, catedráticos, jueces y magistrados e incluso integrantes de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura. De estos foros se incluyeron 100 propuestas a la iniciativa.
Los detractores de esta reforma no hablan de que busca la profesionalización, capacitación y formación para un óptimo desempeño de las autoridades judiciales; la rendición de cuentas y transparencia para garantizar el derecho al acceso a la justicia. Asimismo, erradicar el dispendio de recursos públicos y promover la austeridad. Con la elección de los integrantes se democratizará el Poder Judicial y se dota de legitimidad y se restituye la confianza hacia la ciudadanía sin la influencia de grupos políticos y económicos. Los candidatos serán propuestos por los Poderes de la Unión y el pueblo tendrá la facultad de elegir a los juzgadores a través de un proceso transparente, además, se privilegia la paridad de género.
El descontento de la gente es la prueba irrefutable de la necesidad de reformar dicha institución. Para acceder a la justicia, es necesario el combate a la corrupción, la impunidad, el nepotismo y la negligencia histórica de este poder. Sí a la justicia pronta y expedita y a la voluntad del pueblo de México.
