Esta semana, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que contempla la eliminación de 109 fideicomisos. La política de austeridad sigue a machetazos. La iniciativa de los diputados planteaba originalmente la extinción de 44 fideicomisos, después 55 y hasta ahora van 109. Queda claro que se ignoraron las consecuencias jurídicas y financieras.
La iniciativa de extinción considera que la razón para desaparecerlos se debe a la “opacidad y la discrecionalidad” que presentan los fideicomisos y que los recursos servirían para la atención de la pandemia. La poca argumentación no señala el impacto que tendría en los sectores involucrados. Tampoco se establece en qué se aplicarían los recursos y cómo se garantizaría que lleguen las ayudas
Más allá de la intención de destinar los recursos a la pandemia, en la iniciativa no queda claro si se destinarán a salud o a la reactivación económica. Si los fideicomisos no son necesarios, ¿qué motivos llevaron a su creación y por qué se incrementó el número de estos?
Como en los mitos griegos, se construyó una historia que alteró el significado y propósito de los fideicomisos. Este instrumento usado por el gobierno y por privados tiene como intención destinar recursos para un fin lícito y específico. En el caso de los fideicomisos públicos ayudan a dar certeza y continuidad a las actividades que son beneficiadas. Crear estos fondos permite que independientemente del jaloneo que tiene lugar año con año el presupuesto de egresos, se garanticen recursos para no detener actividades clave.
Es cierto que muchos fideicomisos fueron usados con discrecionalidad y opacidad. Que no se conocía nada sobre su manejo y en ocasiones funcionaron como cajas chicas. Precisamente por esto, a lo largo de los años se ha mejorado su regulación, funcionamiento y transparencia. Después de casi dos décadas de avances en materia de transparencia, actualmente existen obligaciones legales para conocer los montos, beneficiarios y propósito de su uso.
Otro mito es la discrecionalidad con la que operan. En la mayoría de ellos, las decisiones sobre si procede o no el otorgamiento de apoyos pasa por un Comité Técnico. Este tiene la función de valorar si cumple con los requisitos para otorgar los recursos. Es decir, las decisiones son discutidas y consensuadas. La integración de los comités permite que haya representación de las dependencias a cargo de los temas o sectores involucrados en cada uno de los fideicomisos. Si estos desaparecen, la decisión ahora será discrecional. El presidente y la Secretaría de Hacienda (SHCP) podrán decidir qué si y que no apoyar. En la práctica esto se convierte en un control político. En casos extremos veremos qué desastres naturales se atienden, qué películas se apoyan, qué víctimas se auxilian, y cuáles no.
De acuerdo con la SHCP hay 332 fideicomisos o análogos que reportaban un saldo de $728 mil 381 millones de pesos. En perspectiva, extinguir 109 fideicomisos que representan 68 mil 478 millones de pesos solo representan 1% del presupuesto del año entrante, a primera vista, no parece significativo. Sin embargo, hacen toda la diferencia para las personas y proyectos que reciben estos recursos. Finalmente, el último mito es la disponibilidad de recursos que habrá una vez extinguidos los fideicomisos. Los procesos de extinción son financiera y jurídicamente complejos, por lo que en algunos casos podrán pasar meses o años para que se termine su extinción. Ojalá los legisladores voten con base en evidencia. De extinguirse, tendremos más desventajas que ventajas.
Coordinador de Gobierno y Finanzas del @IMCOmx.
@ManuGuadarrama
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