El día de hoy se tiene programada la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la minuta por la que se abroga Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, se expide una nueva ley de la FGR, y se modifican 66 ordenamientos legales entre los que se encuentran las Leyes Generales de Víctimas y en materia de desaparición forzada.
Se prevé que esta contrarreforma se apruebe sin cambios y solo con la resistencia de algunas legisladoras que intentaremos detenerla, sumar votos en contra y que haremos eco de la voz de las víctimas que, a pesar de sus sentidos testimonios y justos reclamos durante el parlamento abierto, ni el Fiscal, ni quienes han tomado la decisión de aprobarla, han pretendido escuchar. Nos señalan que fue aprobada casi por unanimidad en el Senado, con un trato deferente para que el Fiscal General y su equipo técnico dieran el visto bueno a las modificaciones que introdujeron para simular se incorporaban las demandas de las víctimas. Pero del principio al fin, es una reforma a modo.
Ante la necesidad de fortalecer la procuración de justicia como medio para atajar la impunidad y combatir la criminalidad, apenas hace poco más de dos años, en diciembre de 2018, fue publicada la Ley Orgánica de la FGR. Esta ley, como lo reconoce la representación en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “fue producto de un amplio debate en el que participaron víctimas, personas defensoras de derechos humanos, colectivos, empresarios y personas expertas, nacionales e internacionales, con el objetivo de contribuir a que la FGR disponga con la capacidad, estructura, herramientas y facultades necesarias para hacer frente a los importantes desafíos que plantea la impunidad en México.”
Sin embargo, durante este tiempo, en lugar de implementar la ley para transformar en los hechos a la PGR en una fiscalía que sirva, es decir, de hacerse cargo de la extinción gradual de la entonces PGR, con todos sus vicios y resquicios y dar paso a la construcción de una institución autónoma, a la altura de las necesidades actuales, el Fiscal se dedicó a elaborar una nueva ley que ofrece la perpetuación de un modelo agotado y un diseño institucional superado, el mismo que hoy tiene a miles de víctimas, que se multiplican cada día, que deben lidiar con su dolor y con la ineficacia de las instituciones.
Con la nueva ley se elimina la independencia técnica de los fiscales; se eliminan varias prerrogativas contenidas en la Ley Orgánica, principalmente sobre la participación de las víctimas y defensores en las investigaciones; se suprimen elementos técnicos de especial importancia para abordar los desafíos como lo es la investigación de fenómenos criminales junto con los delitos individuales; en cuanto a las designaciones, se eliminan requisitos y procedimientos y se suprime el sistema de servicio profesional de carrera previsto en la Ley Orgánica; aunque permanece la obligación de la FGR de participar como integrante de la mayoría de mecanismos de derechos humanos, preocupa su insistencia en repetir que será con “absoluto respeto a su autonomía constitucional”; y aunque el Consejo Ciudadano se mantiene, se le quitan funciones sustanciales, por ejemplo, ya no se le considera en la formación del Plan de Persecución Penal.
Estamos en una crisis de violación a los derechos humanos sin precedentes. De acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, hay “más de 86 mil personas desaparecidas -víctimas de diversos delitos-, más de 4 mil fosas clandestinas, decenas de miles de cuerpos sin identificar, apenas 35 sentencias condenatorias por delitos de desaparición, docenas de miles de investigaciones abiertas” y en medio de todas estas cifras una gran cantidad de dolor, furia y resignación. Deberíamos legislar para poner una alto a esta barbarie y garantizar a las víctimas el derecho a la verdad y la justicia, no para darle a Gertz una fiscalía a modo.
