El papel del dinero como elemento de distorsión en las contiendas electorales es una preocupación añeja en las democracias de América Latina. Nadie con honestidad intelectual podría afirmar que campañas políticas en nuestro contexto pueden llevarse a cabo sin gastar un solo peso, sin recaudar aportaciones de militantes o sin recibir financiamiento público de cualquier tipo. El problema no es que fluyan recursos, sino la rendición de cuentas que garantice su origen y destino lícito, que las cantidades respeten los límites para que no haya ventajas injustas para un partido en desdoro de otros. El tema es relevante: Los montos involucrados en las elecciones pueden o no permitir competencias equitativas, pueden o no condicionar la independencia de las autoridades electas.
No hay terreno de competencia parejo si un partido o candidato se beneficia con raudales de billetes que desborden el tope de campaña permitido y es previsible a su vez, otro efecto pernicioso en la independencia de representantes populares o autoridades electas si antes de llegar a los cargos, hipotecan compromisos con empresas o actores inciertos les dispensan generosas cifras, que invierten millones en su beneficio pero no de forma gratuita, muchas veces tratando de ocultar su identidad a partir de ingenierías contables o empresas fantasma que inyectan solvencia muy probablemente esperando obtener algo a cambio una vez concluidos los comicios.
La fiscalización de los ingresos y gastos de partidos y candidatos es un ejercicio fundamental que ha incrementado sus herramientas para darle eficacia. El sistema de financiamiento mixto vigente en México, que combina recursos públicos y privados, autofinanciamiento o rendimientos financieros, requiere de un complejo mecanismo de revisión contable que en sucesivas reformas electorales ha requerido ajustes de fondo para afinar y actualizar herramientas tecnológicas, plazos y consecuencias para infracciones detectadas.
Si los gastos no reportados, el abuso de dinero o los rebases de topes se presentan y comprueban con la fiscalización, hoy es posible que no ocupen el cargo quienes hayan vulnerado las reglas, a diferencia de lo que ocurría hace 6 o 12 años, cuando candidatos se instalaban en el cargo y la sanción por el uso indebido de recursos en elecciones eran solo multas al partido sin consecuencia para el candidato o candidata beneficiados.
Para esa fiscalización oportuna hoy contamos con cuatro instrumentos en línea que permite dar seguimiento a las operaciones en tiempo real, siempre que las fuerzas partidistas y candidaturas cumplan con la obligación de registrar sus movimientos financieros y operaciones con particulares: el Sistema Integral de Fiscalización 3.0, el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, el Registro Nacional de Proveedores, y el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Al 10 de enero se han registrado solo 119 operaciones en el sistema de fiscalización en línea y las cifras, en este momento, hablan de más gasto que ingreso. El conjunto de operaciones de precandidatos a la presidencia que se han reportado involucran 9.7 millones de pesos en gasto y únicamente 854 mil pesos de ingreso.
El modelo de fiscalización requiere que se los reportes sean oportunos, que los partidos suban al sistema lo que reciben y gastan en los plazos reglamentarios porque no es una falta administrativa o de forma, puede a la larga complicar u obstaculizar la revisión de cómo se comportan los flujos económicos en las elecciones.
Consejero electoral del INE
@MarcoBanos
