Desde hace décadas, en México existen organizaciones civiles comprometidas con el bien común. Se trata de grupos de personas conformados por mujeres y hombres con ganas de aportar su experiencia, talento y su vocación para resolver los problemas más apremiantes del país.
Desde la pobreza y la discriminación, hasta el acceso a la salud y la protección a migrantes; pasando por los derechos de las comunidades indígenas, de las mujeres o de las personas con discapacidad. Ejerciendo su legítimo interés de participar en la vida de la nación. Pero sin buscar para ello, cargos públicos, ni intentando ser intermediarios entre el Estado y los individuos. Y menos aún, con un ánimo de lucro.
Por esta razón, preocupa que se quiera impulsar un discurso que las descalifica, que no reconoce su labor y que las estigmatiza. Y que, al mismo tiempo sugiere, de forma equivocada, que si la sociedad civil quiere influir en las decisiones del Estado, entonces debe organizarse para ocupar cargos de elección popular.
Se trata de una visión errónea, que considera a la política electoral como la única fuente de legitimidad para participar en lo público. Y que, además, no distingue la dimensión histórica de estas organizaciones, e ignora su importancia en el desarrollo de las sociedades abiertas.
Tal es el caso de México, en donde sus aportaciones se han hecho patentes en diversos sectores y en distintos momentos.
Por ejemplo, tras los sismos de 1985, y más recientemente los de 2017, se demostró nobleza y solidaridad; primero para asistir a las víctimas, y posteriormente para organizarse en la reconstrucción de vivienda para las personas damnificadas.
También en el movimiento estudiantil de 1968, que fue un parteaguas en nuestra historia. O el del Politécnico en 2014, que dio muestra de madurez y capacidad de diálogo, y que culminó en cambios en beneficio de la comunidad educativa.
Mención aparte merecen los grupos de observación electoral, que en la década de los noventas impulsaron y exigieron condiciones para contiendas más equitativas e imparciales. Un esfuerzo que contribuyó a la democratización de nuestro país.
Pero el trabajo de la Sociedad Civil no se reduce a los “grandes temas” nacionales. Sino que encuentra sus más nobles expresiones en el trabajo con las comunidades más apartadas y los sectores más vulnerables.
Me vienen a la mente los grupos que trabajan para apoyar a la población en situación de calle, y que han desarrollado modelos de intervención que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Lo mismo que aquellos que trabajan para prevenir adicciones, y reconstruir tejido social en comunidades afectadas por violencia.
Tampoco puedo dejar de mencionar a los colectivos que han exigido una acción determinante del Estado en contra de los feminicidios. O aquellos que han formado una amplia red de refugios para mujeres víctimas de violencia, y que han llegado a significar la diferencia entre la vida y la muerte para más de 20 mil mexicanas. Es lamentable que hoy se esté poniendo en riesgo su operación.
Caso similar es el de las organizaciones que laboran en la detección, tratamiento y prevención de la transmisión del VIH. Su labor ha sido clave para el control epidemiológico, y sus integrantes, la mayoría voluntarios, llegan a donde pocos funcionarios públicos.
Todo lo anterior, insisto, sin ánimo de lucro, y sin buscar ser intermediarios en la repartición de recursos. Por el contrario, realizando una labor complementaria a la del propio Estado. Por ello, es necesario impulsar las medidas necesarias para su fomento y ampliación.
Por un lado, la modificación de su marco regulatorio y fiscal para reconocer la diversidad de organizaciones sociales y generar un entorno más favorable para su funcionamiento. También se requiere incrementar la confianza ciudadana, a través de una revaloración de su función social y de la adopción de más mecanismos de transparencia.
Lo mismo que su fortalecimiento institucional mediante la profesionalización de sus integrantes, así como el desarrollo de capacidades que les permita seguir generando soluciones a problemas del país.
Al margen de estos cambios legales, institucionales y fiscales, también es indispensable que, desde los poderes y órdenes de gobierno se reconozca la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Y que exista, además, la disposición para dialogar y trabajar juntos en la atención a los desafíos que aquejan a nuestro desarrollo. En el Senado de la República hemos asumido ese compromiso. Con ese ánimo el día de hoy, 3 de abril, estaremos llevando a cabo un foro en el que, junto con estas organizaciones, analizaremos opciones buscaremos construir una coalición plural para lograr los cambios que permitan fortalecer a la sociedad civil.
Porque estamos convencidos de que es a partir de la suma de esfuerzos y de la acción coordinada de todos los sectores, como mejor podremos superar los retos de nuestro país.
Coordinador de senadores del PRI
@osoriochong
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