Existen distintas formas como se refleja la incapacidad y falta de coordinación entre autoridades federales y estatales en materia de seguridad, el crecimiento de la toma de casetas y carreteras es la más acuciante en los últimos años en todo el país. El rasgo distintivo en este sexenio es que detrás de la toma de casetas y bloqueos carreteros, en la mayoría de los casos, existe incitación explícita de los grupos de la delincuencia organizada.
Guerrero, Morelos, Michoacán y Sonora concentran el mayor número de casos en los últimos años, de acuerdo a informes de la dirección general de seguridad en carreteras e instalaciones de la Guardia Nacional. Pero en otras entidades como Puebla, Hidalgo, Guanajuato, los operativos contra el robo de combustible han llevado a las bandas criminales a azuzar a la población para tomar casetas y bloquear carreteras.
Capufe reportó que en 2019 hubo más de cuatro mil bloqueos carreteros en todo el país, con un costo de dos mil 431 millones de pesos sin contar las pérdidas generadas a transportistas y otros usuarios. La cifra representó un crecimiento de 67 por ciento más en comparación a 2018. Es decir, en los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el bloqueo de carreteras y toma de casetas se volvieron más frecuentes.
Documentos de la Guardia Nacional señalan que los responsables son en la mayoría de los casos, grupos plenamente identificados que “no se han visto afectados en ninguna circunstancia, lo que sugiere un modus vivendi con propensión al vandalismo”. El análisis titulado “Disturbios sociales que afectan la movilidad en carreteras de jurisdicción federal”, fechado en mayo del 2020, fue premonitorio de cómo se agudizaría esta práctica hasta llegar a los niveles que se han visto en este 2023. Durante este año la vía México-Cuernavaca en el tramo Parres-Tres Marías, se ha visto cómo opera una banda criminal protegida por agentes de diferentes corporaciones en Morelos, quienes han aprovechado la toma de casetas para delinquir. También en esta vía en la zona de Chilpancingo, simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y normalistas de Ayotzinapa, entre otros, han hecho de la caseta de cobro punto de referencia en bloqueos para hacerse de recursos.
La Guardia Nacional reportó que las carreteras que más pérdidas tenían desde 2013 eran Guaymas, Sonora, que hasta el año 2019 registró una pérdida por 431 millones 207 mil pesos; la caseta Paso Morelos hacia Chilpancingo, perdió 235 millones 899 mil pesos; la caseta El Hongo, en Tijuana, perdió 176 millones 274 mil pesos. En la mayoría de los casos automovilistas y transportistas tienen que pagar una cuota de “boteo”, lo cual según la corporación, son ingresos que van a parar a manos de la delincuencia organizada.
El problema se agudizará mientras la judicialización de las denuncias terminen en un fiasco, como ha sucedido en años recientes. Y sobre todo mientras la Guardia Nacional se limite a operativos carreteros de disuasión, que a falta de coordinación, no dan resultados.
@velediaz424