La tragedia que resumió la Guardia Nacional en un informe sobre incidencia delictiva en los dos primeros años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quedó como un aviso de cómo concluiría su gobierno. Fechado a finales del 2020 el documento sobre el comportamiento delictivo en Jalisco tenía un apartado sobre desapariciones forzadas, considerado desde el sexenio anterior el principal problema en la entidad que lo volvió referente nacional. Del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre del 2020, dice el informe, se localizaron 605 cuerpos en fosas clandestinas lo que colocó en primer lugar nacional al estado en inhumación de cadáveres. Hasta esa fecha ningún cuerpo había sido identificado debido a la falta de dictámenes de ciencias forenses. Solo en octubre del 2020 se localizaron tres fosas en los municipios de El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y San Pedro Tlaquepaque, donde sumaron 100 osamentas halladas de las cuales solo 13 fueron identificadas.
La tendencia en Jalisco no paró, el 2021 fue el año con mayor registro de casos con dos mil 112. Hasta el 31 de julio de 2024, según datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, en Jalisco había 15 mil 103 personas desaparecidas, lo que lo mantiene en primer lugar nacional. La tragedia y crisis humanitaria se abonó con la desidia de las autoridades del gobierno estatal encabezado por Enrique Alfaro, y el vacío del gobierno federal tras el desmantelamiento operativo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la ausencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y la fiscalía local.
En las últimas semanas las calles de Guadalajara fueron escenario de más protestas en la llamada glorieta de los desaparecidos, ahora por la desaparición de jóvenes estudiantes que trabajaban en casas de cambio. El regreso de dos de ellos con sus familias fue un ligero respiro frente a la tragedia cotidiana. Sin embargo, las madres buscadoras anunciaron que ya no solo excavaran en lotes baldíos y terrenos junto a casas abandonadas, ahora revisarán también canales y ríos, esto después de que una llamada anónima que recibieron las llevó a encontrar una osamenta en el río San Juan de Dios, en el barrio Santa Helena de la Cruz de Guadalajara.
El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y en el país cientos de colectivos y miles de personas consideran que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia marcado por la tragedia detrás de cada desaparición, y el drama de las fosas clandestinas que se multiplicaron por miles en todo el territorio nacional. Si se asomara al balcón de Palacio Nacional para observar la plancha del Zócalo capitalino, el presidente podría ver junto al asta bandera el campamento de madres de desaparecidos que le recuerdan la deuda que dejará su gobierno a manera de crisis humanitaria. Ninguna de las señoras que ahí duermen desde hace varias semanas, sabe de “politiquería” o parece estar “manipulada” para “atacar al gobierno”, como aseguró en algunas de sus alocuciones “mañaneras”. Su presencia es la dosis de realidad que saca de quicio al demagogo.
@velediaz424
