El compromiso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue no investigar ni detener a nadie del círculo más cercano de los hermanos Iván y Alfredo Guzmán Salazar, “los Chapitos”, hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán. Parte del “acuerdo” fue “congelar” al grupo de agentes de la extinta Policía Federal que participó en enero de 2016 en la captura del jefe del Cártel de Sinaloa en Los Mochis. En los últimos seis años este equipo encabezado por el comisario Nicolás González Perrin –cuya labor fue reconocida por el FBI y la DEA el sexenio pasado pese a que eran ajenos al grupo de poder de Genaro García Luna–quedó en “la congeladora”, sin asignación alguna alejado de posiciones operativas o de investigación en la Guardia Nacional.
Su preparación y hoja de servicios como policías federales de origen civil, sin antecedentes de corrupción o malas prácticas policiales, los hizo ser de confianza para las agencias estadounidenses en operaciones de alto impacto contra el narcotráfico. Con esas credenciales su labor en el gobierno de “la cuarta transformación”, fue “supervisar” las presentaciones de la compañía de teatro y el mariachi de la Guardia Nacional, como quedó registrado en documentos oficiales a los que se tuvo acceso.
Ellos son parte del grupo de civiles con formación profesional como policías de carrera que fueron marginados todo el sexenio al interior de la Guardia Nacional. Varios fueron obligados en los últimos años al retiro anticipado. Mientras en 18 estados del país la violencia alcanzó niveles nunca vistos provocados por la disputa territorial entre las dos principales organizaciones criminales con presencia nacional e internacional, el autodenominado Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el llamado Cártel de Sinaloa (CDS). Detrás de este conflicto apareció un fenómeno que se generalizó en este gobierno y que se visibilizó en la mayoría de estas entidades con las siguientes características. La movilización de grupos armados ilegales trajo aparejado el reclutamiento obligado de pobladores en zonas rurales, la desaparición de jóvenes en zonas urbanas y el desplazamiento forzado. Fue la escenografía que irrumpió detrás de la pelea por el control de rutas, municipios y mercados ilegales. En abril pasado la agencia AC Consultores presentó un estudio sobre la seguridad pública donde señaló que los únicos estados del país donde estas dos organizaciones no peleaban por el control territorial eran Campeche, Coahuila, Durango y Sinaloa. Cinco meses después las dos últimas entidades atraviesan las primeras sacudidas tras la ruptura de las facciones Guzmán y Zambada al interior del CDS.
La falacia retórica del régimen de López Obrador de “abrazos no balazos” fue la la suma de omisiones, complicidades, falta de coordinación institucional entre los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno, que abonaron al debilitamiento del Estado. Y en ello la Guardia Nacional con todo y blindaje presidencial carga con buena parte de la responsabilidad. Al avalar el Senado su permanencia como tercera corporación de la Defensa Nacional, pese a que es inconstitucional su labor en seguridad pública e investigación de delitos, el desastre quedó garantizado.
@velediaz424