Mi primera reacción a la designación de Omar García Harfuch como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es que “bien por la continuidad”. Tiene experiencia probada, al dirigir por casi un sexenio una de las policías más grandes del continente donde logró aumentar su popularidad y reducir la tasa de homicidios en más del 30%.
No obstante, el “súper-policía” enfrenta un escenario complejo, con dos desafíos principales: la militarización y la macrocriminalidad. Para afrontarlos, su rol deberá ser el de coordinador y no el de implementador.
Por un lado, está en el ojo del huracán del gigante desafío de gobernanza contemporánea: lo civil contra lo militar. Entra a un escenario donde las fuerzas castrenses han monopolizado la seguridad pública, llevando sus armas hasta cielos y mares – aeropuertos y aduanas.
En pérdida para lo civil, es probable que García Harfuch sea el primer secretario de Seguridad en décadas sin policía propia. Con la mayoría legislativa de Morena y una decisión respaldada por la presidenta electa, López Obrador podrá aún pasar su iniciativa de transferir la Guardia Nacional de la SSPC a la Sedena. Este traspaso tiene implicaciones significativas para García Harfuch, pues no tendrá habilidad de despliegue operativo ni de rendición de cuentas.
Por otro lado, en cuanto al crimen, Harfuch se enfrenta a un escenario sumamente complejo. Las organizaciones criminales se han convertido en un mal necesario socialmente. El investigador de la UNAM, Daniel Vázquez, describe este fenómeno como redes de macrocriminalidad que incluyen elementos criminales, políticos y empresariales. Estas redes controlan territorios mediante gobernanza informal y económica, a la par de cometer una variedad de delitos, como narcotráfico, trata de personas, homicidios, desapariciones y extorsión.
Para combatir ambos desafíos, García Harfuch cuenta con recursos menos estratégicos que los que tenía en la ciudad.
Institucionalmente, carece de un estado de fuerza y, especialmente, de un Sistema Nacional de Seguridad Pública robusto para interactuar con los militares y las más de dos mil policías locales y estatales - con niveles de desarrollo y voluntades políticas muy variadas. En cuanto a recursos tácticos, las estrategias son escasas. A diferencia de la abundante evidencia científica para reducir la violencia en ciudades, a nivel de macrocriminalidad no hay tal claridad. Existen casos de éxito en el mundo, pero no hay evidencia contundente sobre qué funciona para reducir la violencia proveniente de organizaciones transnacionales.
A expensas de los resultados de otras instituciones y de estos retos de gobernanza y militarización, no veo claro cómo García Harfuch puede incidir en reducir la violencia.
La esperanza que veo es que pueda sentar las bases para que cada actor haga su parte para reducir la violencia.
Sin la fuerza de su lado, tiene una ventana para ser el de mediador principal entre actores gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo el crimen organizado. Su enfoque debería centrarse en “coordinar”: [identificar prioridades geográficas y temáticas mediante inteligencia civil; robustecer los mecanismos de colaboración y rendición de cuentas; delimitar las jurisdicciones de cada tipo de policía; y establecer políticas para el desarrollo policial local.]
Esto implicará que se enfoque en desarrollar recursos diferentes: de cabildeos políticos y gestión del presupuesto; recursos para generar acuerdos y no siempre de protagonismo. Capacidades para comunicar y capacitar a otras agencias. Etcétera. En resumen, espero que ahora sea más un súper-político, que un súper-policía.
