Hace poco más de cuatro años, después de que George Floyd fue asesinado brutalmente por un policía en Minneapolis, Estados Unidos, me incorporé al gobierno de Seattle, dentro de la oficina del Inspector General de Seguridad Pública. Mi trabajo consistía en realizar investigaciones sobre las represiones policiales en esta ciudad y hacer recomendaciones de cambio a las malas prácticas.
De cerca vi cómo las protestas en decenas de ciudades en Estados Unidos obligaron a los gobiernos locales a tomar medidas estructurales para supervisar a sus policías. Después de George Floyd, 150 nuevos gobiernos municipales propusieron algún tipo de supervisor civil sobre la policía (para un total de casi 250 existentes) y un número de reformas policiales.
En aquel entonces, en México sólo existía una oficina en Puebla que realizaba supervisión civil. Sin embargo, el impacto mundial del caso George Floyd, junto a casos similares en Tijuana (Óliver) y Guadalajara (Giovani), y a represiones en protestas en diferentes ciudades (8M), me hicieron ilusionarme con la posibilidad de que algunos gobiernos municipales en México abrieran oficinas de este tipo.
Desafortunadamente, la oficina en Puebla desapareció por falta de apoyo político y presupuestal, y ninguna otra ciudad en México logró establecer una agencia similar. Hoy, en el contexto del “Plan C” del presidente López Obrador, parece que las prioridades políticas desincentivarán la creación de estas oficinas.
El presidente busca eliminar los Organismos Constitucionales Autónomos (OCAs) con la narrativa de austeridad, argumentando un ahorro de 100 mil millones de pesos anuales, y con un discurso anti-neoliberal. Entre los OCAs afectados se encuentran el INAI, Cofece, Ifetel, CRE y CNH, cuya desaparición podría poner en riesgo la capacidad técnica e independiente de estos organismos, vitales para la transparencia y la regulación en sus respectivas áreas.
a eliminación de los OCAs a nivel federal y local dificultará la implementación de planes para supervisar a las fuerzas policiales. Los gobiernos municipales tendrán pocos incentivos para desviarse de la política nacional.
Aunque la vigilancia civil desde universidades como la Ibero, organizaciones como el Observatorio, Intersecta, ElementaDDHH, y muchas otras es muy buena, estos carecerán siempre de presupuesto y poder vinculante (“dientes”). Los organismos autónomos, por definición, son descentralizados, tienen autonomía, presupuesto y capacidad para hacer observaciones y emitir resoluciones vinculantes. Estas características son las que la evidencia señala como necesarias (aunque a veces no suficientes) para supervisar a la policía. En Seattle pude constatar cómo, sin ese apoyo gubernamental y político, supervisar a la policía es una tarea utópica.
Esto nos deja expuestos a que nuestras policías municipales continúen con el uso brutal de la fuerza, violaciones de derechos humanos, corrupción y malas prácticas sin una capacidad efectiva de los ciudadanos para demandar rendición de cuentas. [Hablo de las policías municipales porque, dado el contexto de militarización y la justicia militar, será prácticamente imposible solicitar rendición de cuentas y transparencia a la Sedena, Semar y la Guardia Nacional, a pesar de que son quienes causan el mayor número de homicidios extrajudiciales, violaciones a los derechos humanos y etcéteras.]
La única esperanza es que, con una demanda constante de la ciudadanía, existan presidentes municipales, gobernadores y jefes policiales que quieran invertir en estas oficinas. Suena color hormiga, pero creo que existe un puñado de líderes sensibles en esta temática, a quienes habrá que apoyar y seguir de cerca.
