El sexenio que termina no se distinguió por su dinamismo económico. De 2019 a 2023, el crecimiento promedio anual apenas llegó a 1 por ciento. Ni la mitad de poco más de 2% en dos décadas y media de lo que el Ejecutivo Federal saliente menospreció como estancamiento del “periodo neoliberal”, prometiendo duplicarlo.
Tras un 2023 de expansión al 3.2%, empujada en buena medida por el consumo y gasto gubernamental con fuerte color electoral, asistimos a un claro enfriamiento y un complicado inicio de sexenio con fuerte deterioro fiscal y vulnerabilidades en varios flancos.
En términos de crecimiento, contrario al “periodo neoliberal”, cuando el crecimiento anual promedio convergía con el de Estados Unidos, en estos años fue inferior al de ellos en más de un punto porcentual.
Hacia delante, ya es todo un desafío al menos volver al ritmo que se tenía hasta 2018, para sentar bases para, ahora sí, poder crecer a la altura de nuestro potencial y necesidades.
De acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB que acaba de presentar el Inegi, la economía creció 0.2% real en segundo trimestre respecto al previo, con cifras ajustadas por estacionalidad. A tasa anual, 1.1 por ciento.
El crecimiento trimestral quedaría ligeramente abajo del estimado por economistas, en torno 0.4%, y del avance en el periodo de enero a marzo, de 0.3 por ciento.
Con cifras originales, el crecimiento anual del PIB en el primer semestre sería de 1.9% anual, viniendo de 3.2% en 2023, e incluso abajo del 2.3% del último trimestre de ese año, ya de una marcada desaceleración.
La trayectoria de enfriamiento es clara y lo más probable es que se profundice el resto del año, para abrir un 2025 con bajas expectativas. Con los últimos datos del PIB difícilmente podemos esperar un crecimiento de más de 1.5% en el presente año, muy lejos de la previsión de 3% en el proyecto presupuestal de Hacienda.
Este descenso de ritmo es algo recurrente en las transiciones de gobierno en México, pero ahora se da junto con un regreso a los problemas de finanzas públicas de fin de sexenio que parecían haberse superado.
Desde luego, las condiciones son muy distintas a las de las crisis sexenales de antaño. Sin embargo, no es poca cosa que lleguemos a un cierre de sexenio que deja a la próxima administración y al país el déficit público más alto al menos desde 1989.
La mezcla de factores apunta a la fragilidad: bajo crecimiento, con sus efectos en la recaudación, con mayor endeudamiento y pesada carga financiera y de gasto comprometido creciente.
El Gobierno saliente deja al próximo con la línea de reducir el déficit en 3% del PIB para paliar las consecuencias de su política fiscal expansiva en la recta final, habiendo antes drenado reservas y fondos de contingencia acumuladas hasta 2018. Y potencialmente, con lo que pueden significar las reformas que busca imponer para politizar al Poder Judicial, alterar el sistema electoral y político, y desaparecer instituciones autónomas. Un cambio de régimen político de última hora que atenta contra la democracia y el Estado de derecho.
Con todo ello, podría repetirse lo que vimos en 2018-2019 con decisiones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y la regresión energética. Es decir: una caída de la inversión, “amarrada” antes de que el nuevo gobierno entre en funciones. Así, no puede descartarse que lo haga en medio de una recesión.
En cuanto al factor fiscal, la última nota para la deuda soberana de Fitch, que sostiene la calificación de riesgo en BBB- con perspectiva estable, resume muy bien por dónde están los puntos débiles.
Valora una política macroeconómica prudente, finanzas externas estables y una relación deuda pública/PIB por debajo de la mediana de los emisores BBB. Pero también destaca los indicadores débiles de gobernabilidad, la tendencia de largo plazo de bajo crecimiento y riesgos fiscales como los pasivos contingentes de Pemex y crecientes rigideces en el presupuesto.
Se está anticipando un déficit fiscal general gubernamental cercano al 5.5% del PIB en este año y de 4% en 2025, lo que contrasta con un 3.6% en 2023 y un promedio de 2% entre 2015 y 2019. La deuda pública equivaldrá al 49% del PIB este año, desde 46% en 2023, y se estima que ascenderá a casi 53% en 2026; aunque abajo del 55% de economías similares, la velocidad del escalamiento tampoco es poca cosa.
Respecto a la variable de gobernabilidad, Fitch resalta que ya de por sí es relativamente débil, más allá de lo que pase con el “Plan C”: el puntaje del Indicador Mundial de Gobernanza del Banco Mundial está en el percentil 32, muy por debajo de la mediana de emisores BBB, en 58.
Y a esto hay que sumar la incertidumbre por el proceso electoral en Estados Unidos, con declaraciones del ex Presidente Donald Trump de que, de ganar, podría imponer un arancel universal del 10% a todas las importaciones.
Preocupa que no se contemplen cambios en cuanto a la bomba de tiempo financiera que es Pemex. La administración saliente inyectó aproximadamente 4% del PIB de 2019 a 2023, transfiriendo efectivamente pasivos del balance corporativo al Gobierno Federal. Aun así, sigue en quiebra y perdiendo dinero a raudales. Únicamente entre abril y junio, casi 256 mil millones de pesos.
Difícil esperar que el Gobierno saliente tome medidas para acotar estos riesgos y vulnerabilidades. Al contrario: pueden venir dos meses, hasta el cambio el 1 de octubre, de alta incertidumbre. Muy probablemente con alta volatilidad en los mercados, en particular en el tipo de cambio, pero, sobre todo, con la posibilidad de que se tomen decisiones que empeoren el escenario a corto plazo y dejen daños en la capacidad de crecimiento de largo plazo.
El Gobierno entrante, desde ahora, sí puede dar señales de prudencia, realismo, pragmatismo, para que México inicie el nuevo sexenio con un mejor panorama.
