Por Daniel Peñalosa Martinell y Luis Felipe Beltrán Morales (Cibnor)
Considerable parte de la comunidad científica global en la mayoría de las áreas del conocimiento concuerda en que el crecimiento sustentable (o sostenible) es el reto más importante de la humanidad al día de hoy, pero ¿qué es la sustentabilidad y qué tiene que ver con los subsidios en la acuicultura?
En 1987, la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas definió la sostenibilidad como aquello que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para solventar sus necesidades propias.
Una de las principales amenazas a la sustentabilidad y a la forma de vida como la conocemos es el cambio climático, en particular, su aceleración ocasionada por un incremento en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.
De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), limitar el aumento de la temperatura promedio del planeta a 1.5°C en lugar de 2°C hacia el año 2100 tendría importantes impactos positivos en la sustentabilidad en general. Para lograr este objetivo, en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse un 45% respecto a los niveles de emisión de 2010, y alcanzar el cero neto para el año 2050; sin embargo, en lugar de reducir en 2021 las emisiones de GEI, éstas se han incrementado un 23% en comparación con el año base.
Como cualquier otra actividad, la producción de alimentos tiene costos ambientales.
Dentro de la industria de la producción de proteína animal, el pescado de acuicultura tiene una huella de carbono baja comparada con otras fuentes de proteína animal, como las provenientes carnes de res, cordero o cerdo, por lo que se presenta como una alternativa altamente nutritiva y de bajo impacto ambiental. En ese sentido, especies como el camarón de acuicultura (segundo lugar en cuanto a volumen producido en México) muestran valores significativamente superiores a otras proteínas (más del doble que el cerdo y casi igual a la del cordero).
Fuente: Elaboración propia con datos derivados de Poore, J., & Nemecek, T. (2018) y Our World in Data.
Una de las principales fuentes de emisiones de GEI de la producción acuícola es la quema de combustibles fósiles generada por el uso de energía eléctrica necesaria para el uso de bombas de agua y oxigenación de los estanques, por lo que la disminución de este tipo de energía mejoraría el desempeño ambiental de la actividad.
Para lograr esta reducción mediante la aplicación de políticas públicas, se dispone principalmente de dos herramientas económicas: por un lado, la imposición de impuestos destinados a desalentar determinadas actividades y, por el otro, el uso de incentivos económicos (tales como reducciones fiscales o subsidios) diseñados para promover ciertas actividades que tienen un impacto positivo en un resultado deseado.
En México, existen dos políticas que afectan el nivel de emisiones de GEI del sector acuícola.
La primera es la existencia de un impuesto general a las emisiones basado en el principio de "quien contamina paga": nos referimos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual se agrega en el precio de todos los combustibles derivados del petróleo, incluidos la gasolina y el diésel.
Desde 2016, a partir de la reforma energética, el IEPS actualizó su modelo y ahora consta de tres contribuciones diferentes, a saber: una cuota estatal, una cuota federal y una cuota de carbono; esta última es un impuesto sobre la emisión de CO2 generado por la combustión y tiene el objetivo de reducir el consumo de derivados del petróleo. En 2022, esta cuota se estableció entre 8.30 y 55.83 centavos por litro de combustible, dependiendo del tipo del inflamable de que se trate (por ejemplo, el diésel tuvo una cuota de carbono de 17.66 centavos de peso por litro).
En segundo lugar, específicamente para la acuicultura, existe un subsidio para quienes utilizan electricidad en sus unidades de producción.
Esta subvención consiste en una cuota de energía (en kWh año-1) que se otorga sobre los precios de estímulo (precios especiales de energía para la producción agrícola, incluida la acuicultura), lo que representa descuentos del 50 por ciento sobre la factura total de consumo de energía. Es importante señalar que, de acuerdo con las cifras oficiales de la Comisión Federal de Electricidad, el 62% de toda la energía producida en México se deriva de la incineración de combustibles fósiles.
Por tanto, existe un conflicto entre ambas políticas públicas.
Por un lado, el IEPS está diseñado para desincentivar el consumo de combustibles fósiles con el fin de reducir las emisiones de CO2; por otro lado, existe una subvención diseñada para impulsar la producción de alimentos, pero aplicada a la reducción de costos energéticos, estimulando así el consumo de combustibles y energía (basado principalmente en la quema de combustibles fósiles) y promoviendo las emisiones de GEI, a la vez que desalienta la inversión en infraestructura para energía limpia.
De acuerdo con los resultados preliminares de un grupo de investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) de La Paz, B.C.S., quienes realizaron un análisis del uso de subsidios en la acuicultura en México, la transferencia de los subsidios actuales —aplicados en energía y combustibles— hacia alternativas de producción limpias, como la instalación de bombas accionadas por celdas solares, la implementación de sistemas de manejo de menor impacto ambiental, e incluso el acceso a Internet —que ayudaría a optimizar el manejo— puede reducir las emisiones de GEI de la industria. Además de lo anterior, el uso de nuevas tecnologías como alimentadores automáticos o sistemas de información basados en inteligencia artificial pueden llegar a reducir la emisión de GEI en más de un 50% por cada 100 gramos de proteína producida.
Este viraje en el objetivo de los subsidios colocaría a la industria mexicana como ejemplo de la producción a nivel global, daría valor añadido a sus productos al ser obtenidos mediante métodos de menor impacto ambiental, permitiría estar en armonía con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y se alinearía con los compromisos del Estado firmados en el Acuerdo de París, con mira a reducir la emisión de GEI, y buscar así un mejor futuro para las siguientes generaciones.
Referencias
IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926
Peñalosa Martinell, D., Vergara-Solana, F. J., Araneda Padilla, M. E., Ponce Díaz, G., Mejaes, A., Varela Lafuente, M. M., & Sumaila, U. R. (2021). Social effects of energy subsidies and taxes on CO2 emissions: The case of Mexican aquaculture public policies. Marine Policy, 128, 104481.
DOF 23/12/2021 “Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para 2022.”
CFE, Boletín de prensa, 11 de noviembre de 2021 (https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2383)
Conapesca, 9 de octubre de 2022 (https://www.gob.mx/conapesca/articulos/apoyo-de-cuota-de-energia-electrica-para-instalaciones-acuicolas-316657?idiom=es)
Our World in Data, 01 de diciembre de 2022 (https://ourworldindata.org/grapher/ghg-per-protein-poore)
Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392), 987-992.
Autores
El doctor Luis Felipe Beltrán Morales es investigador titular del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C (Cibnor). El doctor Daniel Peñalosa Martinell es posdoctorante de segundo año en el Cibnor.
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