Gonzalo Hernández Licona, extitular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), recientemente expresó que la política de austeridad implementada por el Gobierno federal comprometía el funcionamiento de este órgano de evaluación. Además, las secretarías de Bienestar y Hacienda ordenaron la eliminación de todas las direcciones generales adjuntas. Por tanto, al privarse de sus recursos humanos, este recorte impactó directamente la operación y coordinación del Consejo.

La austeridad republicana pasó a pobreza franciscana. Los recortes se convirtieron en una afrenta no solo al esfuerzo de funcionarios altamente capacitados y especializados, sino en un desdén por la técnica, la evaluación y la medición. Hernández Licona fue despedido por instrucción del presidente que aprovechó la inconclusa autonomía del Coneval.

Esto desconoce que más allá de la gran labor de Licona en el Consejo, el organismo es mucho más que medidor de la pobreza. Tiene a su cargo la evaluación del diseño, implementación e impacto de la política social del país.

La preocupación de Licona en su carta de despedida tendría que ser la de los funcionarios de la Cuarta Transformación. ¿Cómo saber si el Gobierno beneficia primero a los pobres?, ¿cómo asegurar que la medición de la pobreza y la evaluación de la política social no sea un asunto de cuates?, ¿cómo dotar al Coneval de consejeros académicos con perfiles adecuados para desempeñar su función?

El Coneval logró consolidar una metodología replicable, justificada y pública de la medición de la pobreza y los programas sociales. Actualmente, continúa generando datos, estudios, inventarios de programas sociales y reglas de operación, indicadores y recomendaciones de política pública. Ahí radica la importancia no solo de este Consejo, sino de los órganos e instituciones que se basan en evidencia. El fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los gobiernos solo puede lograrse a través de la medición y la evaluación.

La remoción o cambios en un gabinete de Gobierno son normales en toda Administración. La facultad del presidente de nombrar o remover de cargos a funcionarios está diseñada precisamente para generar un margen de gestión. Una Administración petrificada es igualmente inservible que una inestable.

Sin embargo, preocupa que buena parte de los cambios en esta Administración vengan desde los propios funcionarios. En menos de ocho meses, 10 servidores públicos han presentado su renuncia.

Este escenario puede tener diversas explicaciones y prende la alerta de que algo no va bien. De forma expresa, exfuncionarios nombrados por el presidente, quienes contaban con su apoyo y confianza, han mostrado su inconformidad por la toma de decisiones sin sustento, conflictos de interés y recortes injustificados.

El apagón estadístico de México se percibe inevitable y el propio Gobierno es el responsable. Sin duda, existen instituciones y funcionarios con una visión objetiva en la toma de decisiones. Pero no es suficiente. Por ello, es importante hacer un llamado al Gobierno y a la sociedad para preservar y fortalecer la medición y evaluación.

Una democracia debe enriquecer el debate y la toma de decisiones, con base en evidencia y alto rigor técnico. A fin de cuentas, el objetivo es el mismo: un México más próspero, incluyente y justo.

*Manuel Guadarrama es coordinador de Buen gobierno y finanzas públicas del @IMCO.

Síguenos en nuestra página y redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram.