Por: Yussef Farid Núñez
La reforma al poder judicial ya es una realidad, pese a que el sector privado y los mayores socios comerciales – Estados Unidos y Canadá - se pronunciaron en contra del posible impacto que esta podría tener para la macroeconomía y competitividad regional, el Estado de derecho y el clima de negocios.
Incontables advertencias han florecido en la antesala de los cambios propuestos por dicha reforma, como por el resto del paquete de cambios impulsados por el presidente López Obrador.
Particularmente, el gobierno estadounidense ha advertido a través de su representante en México, el Embajador Ken Salazar, que, si bien México es soberano para hacer los cambios constitucionales que considere pertinentes, estos pueden ser violatorios al T-MEC. En la misma línea, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses han solicitado a la administración Biden evaluar el impacto que tanto la reforma judicial, como el resto del paquete de reformas, podría tener en la relación comercial.
A unos días del cambio de gobierno, la presidenta electa Claudia Sheinbaum se enfrenta al reto de heredar una administración endeudada, con finanzas públicas debilitadas por factores como subsidios a las operaciones de Pemex, programas sociales y proyectos de obra pública encarecida. Sin embargo, la incertidumbre macroeconómica influenciada por la política doméstica era algo evitable para empezar el sexenio “con el pie derecho”.
Ante esto, el gabinete de Sheinbaum deberá de comenzar la administración el primero de octubre con la tarea de calmar a los mercados y reiterar a los socios comerciales que México seguirá siendo un mercado competitivo dentro del marco estipulado por el T-MEC. De lo contrario, existe el riesgo de que el peso mexicano continue depreciándose frente al dólar, que la nueva inversión extranjera directa continúe en declive y la reinversión sea aún menor. Esto último podría influir en un éxodo de capital.
Ahora bien, la toma de decisiones del partido en poder busca priorizar la soberanía y política interna sobre la interdependencia económica y el papel de México en una economía global. Aunque dinámicas internacionales como la guerra comercial entre China y EE. UU. han favorecido la relocalización de las cadenas de suministro a México, el nearshoring corre el riesgo de establecerse en Texas antes de llegar al país.
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El martes fue el debate presidencial entre la vicepresidenta y candidata Demócrata Kamala Harris contra el expresidente y candidato Republicano Donal Trump. Por más de que las encuestas pongan a Harris a escasos 3 puntos por encima de Trump, las encuestas locales muestran diferencias decimales en los estados pendulares. El panorama electoral no está definido, y, en consecuencia, tampoco el futuro de la relación bilateral México-EE. UU.
Cada candidato tiene una visión diferente en sus respectivas políticas exteriores y comerciales. Sin embargo, algo tienen en común. En caso de evaluar que los cambios constitucionales en México son contraproducentes a la relación comercial, corre el riesgo de que se deslumbre que los cambios realizados al Judicial no salvaguarden los intereses extranjeros en México, abriendo la puerta a complicaciones en la ratificación del T-MEC en 2026. De ser el caso, lo que habría sido una revisión protocolaria podría convertirse en una renegociación. Aunque es un escenario fatalista y poco probable, los resultados electorales en el vecino del norte determinarán la posibilidad de que esta medida ocurra.
Yussef Farid Núñez Menéndez
Analista de Riesgos Políticos y Política Internacional. Es maestro por la London School of Economics (LSE) e internacionalista por la Universidad Anáhuac México, institución donde es catedrático de la asignatura “Globalización Económica” en la Facultad de Estudios Globales. Asociado Comexi.
