/ viernes 8 de noviembre de 2024

Incertidumbre recargada ante la administración Trump 2.0

Como con la ley de Lavoisier, con el desenlace de las elecciones presidenciales en Estados Unidos no se acaba la enorme incertidumbre subyacente a éstas. Allá y en el mundo entero, y con especial intensidad, en México. Sólo se transforma y sube de intensidad

Ahora, la ansiedad sobre qué tanto de la radical y disruptiva agenda perfilada por Donald Trump en la campaña se llevará a cabo, así como cuáles y qué tan efectivos contrapesos o contenciones encontrará su gobierno. Y para personas, países, empresas, la perplejidad sobre qué hacer al respecto, comenzando por cómo afrontar la incertidumbre.

Hay quienes creen que las propuestas y amenazas más agresivas son sólo retórica electoral que no habría que tomar tan en serio. Pero la experiencia, con Trump y de la historia universal misma, deberían prevenirnos al respecto.

Máxime ante la radicalidad de la potencial agenda y si, como ha ocurrido en México, en Estados Unidos se erosiona la división de poderes, pues, esta vez, podría haber un Poder Legislativo alineado si los republicanos se hacen del control de la Cámara de Representantes, como ya lo tendrán del Senado. Además de que quedan pocos líderes y militantes moderados de ese partido, que en buena ha abandonado fundamentos que lo definían para abrazar las posiciones opuestas, como cambiar la ortodoxia de libre comercio por el proteccionismo duro. Al tiempo que todo indica que para millones de ciudadanos los principios democráticos no son algo tan importante.

En lo que atañe a México, hace poco platicamos del “Trump Risk Index” de Economist Intelligence Unit. Proyectando que, de ganar, el candidato republicano empujaría cambios radicales con profundas consecuencias globales, cuantificaba y clasificaba la exposición de los 70 mayores socios comerciales de Estados Unidos en comercio, migración y seguridad. Nuestro país encabezó el ranking, con vulnerabilidad general de 71 sobre 100 puntos. Para poner en perspectiva, el país que más se nos acercaba, Costa Rica, tenía 59, y China, 50.

Podemos entender por qué viene una incertidumbre recargada simplemente enunciando algunas de las principales propuestas y amenazas de campaña en materia económica.

En su primera presidencia, Trump promovió un amplio paquete de recortes tributarios y aplicó políticas comerciales proteccionistas, junto con el inicio de una guerra comercial contra China que ha sido sostenida por la administración Biden. Ahora busca bajar aún más los impuestos y promulgar aranceles más radicales.

Antes los republicanos destacaban por su rechazo al intervencionismo gubernamental en la economía, lo mismo que a los déficits públicos. Ahora, su líder incluso ha dicho que el Presidente debería tener voz en la política monetaria de la Fed. Los agresivos aranceles que promete, junto con las deportaciones masivas con que amenaza, podrían reactivar la inflación en su país y en el mundo. En paralelo, podría incrementar dramáticamente el déficit y la deuda gubernamental estadounidense con los recortes tributarios ofrecidos.

Su política proteccionista podría hacer volar y rehacer los fundamentos del sistema de comercio mundial, y de paso, el TMEC. Para Estados Unidos, como dijo Kamala Harris, podría ser como un nuevo y gravoso impuesto a las ventas o IVA para los consumidores.

Trump ha hablado de imponer un arancel del 10% o del 20% a todos los bienes importados y uno del 60% a los de China. Ha manejado varios porcentajes, hasta 500% o más. En marzo dijo que apoyaba tarifas del 100% sobre automóviles fabricados por empresas chinas en México (los cuales, por cierto, no existen). Además de aumentar los precios, todo esto podría provocar una recesión.

Hemos oído a políticos y empresarios en México que no creen que esto se lleve a la práctica, porque “no van a darse un balazo en el pie”. El problema es que la sensatez no es hoy el factor dominante en la política.

El día de las elecciones, Trump dijo que de llegar a la presidencia impondría aranceles del 25% a nuestras exportaciones si nuestro gobierno no detiene la inmigración indocumentada. Prometió que el primer día de su presidencia cerraría la frontera, además de lanzar la mayor operación de deportaciones en la historia de Estados Unidos. En el discurso como ganador lo ha ratificado.

Su paquete tributario de 2017 redujo drásticamente los impuestos a personas de altos ingresos y la tasa impositiva corporativa tope del 35 al 21 por ciento. Fue la reforma fiscal más radical en décadas. Para su segundo mandato, quiere que el Congreso haga permanentes los recortes para personas, que expirarán en 2025, y reduzca la tasa para empresas hasta 15 por ciento.

Ha hablado de este último recorte como medio para incentivar a las empresas a fabricar sus productos dentro de Estados Unidos y evitar que pongan plantas en otros países. Parte de su discurso de "Estados Unidos primero". Ciertamente sería bastante competitivo, tomando en cuenta, por ejemplo, la tasa máxima de 35% de ISR para personas físicas en México. Y más aún si amenaza a empresas que trasladan producción al extranjero, como ha hecho con varias con proyectos en nuestro país.

Para nosotros, se reducen las expectativas de inversiones, al sumar eso al riesgo arancelario, la incertidumbre sobre el TMEC y la generada aquí por políticas públicas contrarias a la certeza jurídica y la inversión, en general, como la reforma judicial y la probable eliminación de organismos constitucionales autónomos.

Para Estados Unidos, el problema es el costo fiscal. También lo sería para el mundo. Un estudio del Comité para un Presupuesto Federal Responsable estimó que los planes de impuestos y gastos de Trump agregarían aproximadamente el doble a la deuda nacional que los de Harris.

Todo eso, sólo en la parte económica. En migración, la disrupción y consecuencias de la posible agenda son más graves, al menos por lo que implica en términos éticos. Baste señalar que ha prometido capturar a millones de inmigrantes indocumentados y detenerlos en campos antes de deportarlos en masa. Con un objetivo de entre 15 y 20 millones de personas.

Como con la ley de Lavoisier, con el desenlace de las elecciones presidenciales en Estados Unidos no se acaba la enorme incertidumbre subyacente a éstas. Allá y en el mundo entero, y con especial intensidad, en México. Sólo se transforma y sube de intensidad

Ahora, la ansiedad sobre qué tanto de la radical y disruptiva agenda perfilada por Donald Trump en la campaña se llevará a cabo, así como cuáles y qué tan efectivos contrapesos o contenciones encontrará su gobierno. Y para personas, países, empresas, la perplejidad sobre qué hacer al respecto, comenzando por cómo afrontar la incertidumbre.

Hay quienes creen que las propuestas y amenazas más agresivas son sólo retórica electoral que no habría que tomar tan en serio. Pero la experiencia, con Trump y de la historia universal misma, deberían prevenirnos al respecto.

Máxime ante la radicalidad de la potencial agenda y si, como ha ocurrido en México, en Estados Unidos se erosiona la división de poderes, pues, esta vez, podría haber un Poder Legislativo alineado si los republicanos se hacen del control de la Cámara de Representantes, como ya lo tendrán del Senado. Además de que quedan pocos líderes y militantes moderados de ese partido, que en buena ha abandonado fundamentos que lo definían para abrazar las posiciones opuestas, como cambiar la ortodoxia de libre comercio por el proteccionismo duro. Al tiempo que todo indica que para millones de ciudadanos los principios democráticos no son algo tan importante.

En lo que atañe a México, hace poco platicamos del “Trump Risk Index” de Economist Intelligence Unit. Proyectando que, de ganar, el candidato republicano empujaría cambios radicales con profundas consecuencias globales, cuantificaba y clasificaba la exposición de los 70 mayores socios comerciales de Estados Unidos en comercio, migración y seguridad. Nuestro país encabezó el ranking, con vulnerabilidad general de 71 sobre 100 puntos. Para poner en perspectiva, el país que más se nos acercaba, Costa Rica, tenía 59, y China, 50.

Podemos entender por qué viene una incertidumbre recargada simplemente enunciando algunas de las principales propuestas y amenazas de campaña en materia económica.

En su primera presidencia, Trump promovió un amplio paquete de recortes tributarios y aplicó políticas comerciales proteccionistas, junto con el inicio de una guerra comercial contra China que ha sido sostenida por la administración Biden. Ahora busca bajar aún más los impuestos y promulgar aranceles más radicales.

Antes los republicanos destacaban por su rechazo al intervencionismo gubernamental en la economía, lo mismo que a los déficits públicos. Ahora, su líder incluso ha dicho que el Presidente debería tener voz en la política monetaria de la Fed. Los agresivos aranceles que promete, junto con las deportaciones masivas con que amenaza, podrían reactivar la inflación en su país y en el mundo. En paralelo, podría incrementar dramáticamente el déficit y la deuda gubernamental estadounidense con los recortes tributarios ofrecidos.

Su política proteccionista podría hacer volar y rehacer los fundamentos del sistema de comercio mundial, y de paso, el TMEC. Para Estados Unidos, como dijo Kamala Harris, podría ser como un nuevo y gravoso impuesto a las ventas o IVA para los consumidores.

Trump ha hablado de imponer un arancel del 10% o del 20% a todos los bienes importados y uno del 60% a los de China. Ha manejado varios porcentajes, hasta 500% o más. En marzo dijo que apoyaba tarifas del 100% sobre automóviles fabricados por empresas chinas en México (los cuales, por cierto, no existen). Además de aumentar los precios, todo esto podría provocar una recesión.

Hemos oído a políticos y empresarios en México que no creen que esto se lleve a la práctica, porque “no van a darse un balazo en el pie”. El problema es que la sensatez no es hoy el factor dominante en la política.

El día de las elecciones, Trump dijo que de llegar a la presidencia impondría aranceles del 25% a nuestras exportaciones si nuestro gobierno no detiene la inmigración indocumentada. Prometió que el primer día de su presidencia cerraría la frontera, además de lanzar la mayor operación de deportaciones en la historia de Estados Unidos. En el discurso como ganador lo ha ratificado.

Su paquete tributario de 2017 redujo drásticamente los impuestos a personas de altos ingresos y la tasa impositiva corporativa tope del 35 al 21 por ciento. Fue la reforma fiscal más radical en décadas. Para su segundo mandato, quiere que el Congreso haga permanentes los recortes para personas, que expirarán en 2025, y reduzca la tasa para empresas hasta 15 por ciento.

Ha hablado de este último recorte como medio para incentivar a las empresas a fabricar sus productos dentro de Estados Unidos y evitar que pongan plantas en otros países. Parte de su discurso de "Estados Unidos primero". Ciertamente sería bastante competitivo, tomando en cuenta, por ejemplo, la tasa máxima de 35% de ISR para personas físicas en México. Y más aún si amenaza a empresas que trasladan producción al extranjero, como ha hecho con varias con proyectos en nuestro país.

Para nosotros, se reducen las expectativas de inversiones, al sumar eso al riesgo arancelario, la incertidumbre sobre el TMEC y la generada aquí por políticas públicas contrarias a la certeza jurídica y la inversión, en general, como la reforma judicial y la probable eliminación de organismos constitucionales autónomos.

Para Estados Unidos, el problema es el costo fiscal. También lo sería para el mundo. Un estudio del Comité para un Presupuesto Federal Responsable estimó que los planes de impuestos y gastos de Trump agregarían aproximadamente el doble a la deuda nacional que los de Harris.

Todo eso, sólo en la parte económica. En migración, la disrupción y consecuencias de la posible agenda son más graves, al menos por lo que implica en términos éticos. Baste señalar que ha prometido capturar a millones de inmigrantes indocumentados y detenerlos en campos antes de deportarlos en masa. Con un objetivo de entre 15 y 20 millones de personas.