por Ramón López Castro
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reconociendo la competencia y jerarquía de este máximo órgano jurisdiccional en la resolución de controversias electorales.
Esta acción refleja prudencia y el compromiso del INE de seguir los procedimientos conforme a los lineamientos jurídicos establecidos, ya que, como una instancia técnica, su mandato es ejecutar lo que le mandata la Constitución. En este sentido, la actuación de este órgano autónomo se rige por la legalidad, por lo que debe respetar estrictamente los cauces normativos en cada etapa de este proceso electoral extraordinario.
El TEPJF, como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, es el encargado de dirimir este tipo de situaciones, que en esta ocasión se relacionan con las medidas cautelares sobre temas de organización electoral. Estas medidas, cuando afectan la preparación de los comicios, requieren ser valoradas por el Tribunal, ya que sus implicaciones y alcances deben ser interpretados en conformidad con las leyes vigentes.
En este sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, específicamente en su artículo 11, fracción XVII, establece que las consultas que versan sobre estas materias no se tratan de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, ni de juicios de amparo, sino que sus efectos en el ámbito electoral aún están por definirse.
Frente a esta coyuntura, el INE ha subrayado que no ha recibido presiones externas y que su actuación está fundamentada en la autonomía que le confiere su carácter de órgano autónomo del Estado mexicano. En un contexto político tenso, la institución ha optado por la ecuanimidad y la mesura, priorizando el interés supremo de la nación sobre intereses particulares o de facciones políticas.
En esta línea, en días recientes, el reconocido constitucionalista, Diego Valadés, ha aportado una reflexión sobre el panorama institucional del país: “Se sabía lo que iba a pasar con la mayoría calificada en el Congreso, y pasó. En su momento, la combatí. La salud institucional del país exige sensatez por parte de todos. Es contraproducente desorientar a la sociedad. El contenido de una reforma constitucional NO es impugnable”. Con estas palabras, Diego Valadés advierte sobre la importancia de la estabilidad institucional y de mantener el foco en el respeto a las leyes que rigen el marco democrático.
Con este paso, el INE reafirma su papel como garante de la legalidad y la imparcialidad en los procesos electorales del país, y deja en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos fallos son definitivos e inatacables, la definición de los alcances de las medidas en cuestión. Así, el respeto a los principios de legalidad y justicia prevalecen como guía en la toma de decisiones que abonen en la consolidación de la democracia mexicana.
Maestro en Derecho