Por: Manuel Guadarrama
La famosa frase “Usted tiene todo el derecho del mundo a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos”, del senador demócrata Patrick Moynihan, está más vigente que nunca. Las percepciones, opiniones e ideas, sin duda son importantes, pero la toma de decisiones debe hacerse con evidencia.
La semana pasada se anunció que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó reanudar el proceso de selección de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Este proceso contempla que un Comité Técnico conformado por siete personas seleccionadas —tres por la Cámara de Diputados (Diego Valadés, Blanca Heredia y Silvia Giorguli), dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (John Ackerman y Sara Lovera) y dos por el Instituto Nacional de Transparencia (José Roldán Xopa y Ana Laura Magaloni)— evalúen a un grupo de aspirantes y le envíen a la Cámara de Diputados una lista con cinco candidatos por cada cargo vacante. Actualmente son cuatro vacantes.
Los avances de la democracia mexicana se deben en buena medida a la exigencia y propuesta de la sociedad. La creación del INE y su diseño institucional es producto de una larga evolución, discusión y evaluación. Opiniones, defensas o ataques sobre el desempeño del INE seguirán. Todo proceso, metodología, institución u órgano es perfectible. Sin embargo, el hecho es que el INE, como órgano constitucionalmente autónomo, cumplió su objetivo. Ser vigilante de la voluntad popular.
El Derecho le confiere al presidente velar por la seguridad de los mexicanos, combatir la corrupción, fomentar el desarrollo económico, defender la soberanía nacional, proteger el medio ambiente, garantizar la educación, la salud e incentivar empleos dignos, entre una larga lista, pero no la de vigilar las elecciones.
En los hechos, las tarifas domésticas de luz subieron, se cancelaron programas de apoyo como las guarderías infantiles, refugios para mujeres y comedores comunitarios, entre otros.
En materia económica los hechos muestran que la crisis se profundizó por la pandemia, pero se generó internamente antes de esta. La cuenta pública señala que el crecimiento de México en 2018 fue de 2.0% y en 2019 de -0.1%. De acuerdo con el INEGI, la inversión pública pasó de 3.4% del PIB en 2018 a 2.5% en el primer trimestre del 2020.
En seguridad, los hechos son aún más contundentes. Operativa y presupuestalmente existe una militarización de la Guardia Nacional. En 2019 hubo 35 mil 620 víctimas de homicidios dolosos y feminicidios, poco más de 97 personas asesinadas cada día. Tan solo en lo que llevamos de este 2020 van 15 mil 16 víctimas.
Los hechos son que el INE, conforme lo marca la Constitución, llevó a cabo la organización de las elecciones siguiendo los principios certeza, legalidad, independencia e imparcialidad. Su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE) hizo posible que desde 1997 el Congreso mexicano tuviera una pluralidad nunca antes vista y que en el año 2000 se terminara con 70 años de hegemonía de un partido. El actual INE celebró la elección que hace dos años le dio la victoria al presidente López Obrador.
A un año del proceso electoral más grande que haya tenido México, los ataques al INE afectan la democracia. El INE deberá redoblar esfuerzos para cumplir con las demandas de los ciudadanos, pero nosotros debemos tomar decisiones informadas, basadas en evidencia. Habrá opiniones, excusas, pretextos, culpas a administraciones pasadas, pero los hechos no se pueden cambiar.
P.D. Si puedes, #QuédateEnCasa.
Coordinador de Gobierno y Finanzas del @IMCOmx.