Información educativa: ¿más vale creer?

Al final del presente sexenio, el Sistema Educativo Nacional (SEN) presenta graves rezagos. Uno de ellos está relacionado con la falta de información confiable y fidedigna sobre procesos, actores, recursos y resultados educativos.

El recuento de los hechos inicia con la extinción del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2019 bajo el falaz argumento de ser un órgano “persecutorio” del magisterio. Por granjearse a los maestros, se desmanteló un organismo autónomo afectando una fuente de información confiable, amplia y puntual. Los errores de la reforma educativa pasada podían haberse resuelto sin violentar el derecho a conocer el estado real que guarda la educación del país.

Quisieron reemplazar al INEE con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), que sería la responsable de “coordinar” el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Entre sus atribuciones constitucionales estaban las de realizar “evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales” y construir “indicadores de resultados”.

A pesar de que se mantuvieron algunos equipos técnicos y personal capacitado, la lógica política se impuso. Ya no se trataba de conocer la realidad educativa a partir de una serie de instrumentos, pruebas estandarizadas y evaluaciones específicas, sino de reivindicar. Por ello, a la evaluación se le pusieron adjetivos negativos (“punitiva”) para luego suplirlos por otros más amigables (“formativa”). Había que “resignificarla”. Bajo esta lógica los nuevos técnicos en el poder confundieron la naturaleza y el valor de la evaluación con sus usos que ciertamente, en muchos casos fueron regresivos. El resultado de esta reivindicación falsa e irresponsable es que ahora carecemos de información más desagregada, comparable en el tiempo y puntual. Al “resignificar” la evaluación, se perdieron datos y algo más grave: la oportunidad de actuar en la realidad educativa con mayor conocimiento. Nos conformamos con “creer” en lugar de saber, diría Luis Villoro.

Por si esto fuera poco, el presidente López Obrador envió una iniciativa para desaparecer el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y, por consiguiente, a la Mejoredu. Como el cuadro Saturno del pintor Francisco de Goya (1746-1828) que devora a su hijo atemorizado por perder el poder, así actuó el mandatario mexicano contra la Comisión. No bastó ni siquiera que algunas comisionadas eran seguidoras de AMLO.

En 2023, se registró otro hecho que erosionó la base de información educativa. La Junta de Gobierno de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tuvo que revocar la determinación de considerar a la información del Sistema de Información y Gestión Educativa como de “interés nacional”. La razón es que no se cumplían ciertos criterios científicos en las metodologías debido a que hubieron “modificaciones sustantivas” en el marco legal del Sistema Educativo Nacional, cambios en las fuentes de información y “nuevos requerimientos de información” asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El gobierno tenía que armonizar sus “nuevas” propuestas con los marcos de medición y evaluación existentes. La información de “interés nacional” demandaba, repito, criterios “científicos” para poder contribuir a la toma de decisiones. Esto también perdimos y no es extraño con un gobierno que para mantenerse en el poder inauguró la etapa de los “otros datos” y de las realidades alternas, esas en donde sólo sus ocurrencias son válidas, no la vida y los problemas que la gente en verdad enfrenta.