Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa con lo cual, comenzamos un nuevo capítulo en el mismo cuento de la seguridad y la justica en México: endurecimiento de las penas como respuesta a la creciente inseguridad, sin tomar en cuenta que esto va mucho más allá de ello y tiene ramificaciones mucho más profundas.
No es sólo que no se han mostrado eficaces estas medidas, sino que lejos de buscar las causas de la violencia, la prevención del delito, la atención a víctimas y los programas de reinserción, continuamos en el mismo camino que no nos ha llevado hacia donde queremos ir.
No funciona, no sólo porque los resultados tangibles han sido limitados, sino porque estas medidas, aunque aparentan ser eficaces, se aplican de manera excesiva. Actualmente, alrededor del 40% de la población carcelaria está bajo prisión preventiva oficiosa, es decir, sin haber recibido una sentencia. Esta práctica no solo viola el principio fundamental de la presunción de inocencia, sino que también infringe derechos humanos básicos, como la libertad personal.
Al mantener a miles de personas privadas de su libertad sin pruebas concluyentes de su culpabilidad, se genera una profunda incertidumbre sobre el paradero de los verdaderos delincuentes, quienes pueden seguir libres mientras la justicia se ve empañada por un sistema que encarcela sin certeza.
La culpabilidad no puede asumirse de antemano. La ampliación del catálogo de delitos susceptibles de prisión preventiva oficiosa responde a una presión social para buscar vías que nos lleven hacia un país más seguro, pero, al mismo tiempo, incrementa lo antes mencionado.
Si bien, las políticas de seguridad deben adaptarse a la realidad de la inseguridad, no podemos perder de vista que la violencia no es solo el resultado de una acción, sino que es el resultado de una estructura social profundamente lastimada.
Lo que más llama la atención es el mensaje que se está enviando en el ámbito diplomático e internacional, pues parece estar desconociendo las resoluciones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha señalado a México la revisión y adecuación de medidas precisamente como la prisión preventiva oficiosa.
En resoluciones de casos revisados por la CIDH, se ha advertido que la prisión preventiva oficiosa es sumamente violatoria de derechos humanos cuando es usada en exceso y aplicada de manera indiscriminada.
México ha firmado y ratificado ciertos tratados internacionales y al haberlo hecho, se tiene una responsabilidad vinculante de cumplir con ellos, pues el no hacerlo puede acarrear consecuencias internacionales, como bien lo hemos visto con otras reformas.
¿Qué mensaje estamos enviando al mundo? ¿Qué repercusiones tiene? En un contexto global donde la democracia en México se ve cuestionada, la inversión extranjera desconfiada, la inseguridad sigue aumentando y los derechos humanos se perciben como un terreno inestable, el país se enfrenta a un dilema de legitimidad tanto a nivel interno como internacional.
