En el Tribunal Superior de Justicia de mi querido estado de Hidalgo me inicié como pasante y con los años tendría el honor de presidirlo, lo que me permitió conocer a fondo las necesidades de este poder que presta un gran servicio a la ciudadanía, quien espera de sus jueces y magistrados una justicia humana, accesible y transparente.
En todo poder judicial, uno de los principios que garantiza impartir justicia en favor de la gente es la independencia de los otros poderes del estado, sin embargo, en muchas entidades esto es una ficción porque los presupuestos para la justicia dependen de la voluntad política del ejecutivo.
Siendo titular de un poder judicial, cada vez que empieza la construcción del presupuesto, hay que irse a sentar con el ejecutivo en busca de acuerdos para garantizar los recursos necesarios para impartir justicia, lo que pone en entredicho la independencia y la autonomía, por tal motivo, siempre he pugnado para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se etiquete de manera directa el recurso que habrá de destinarse a los Poderes Judiciales Locales, ya que al único que se le asigna de esta forma es al Poder Judicial de la Federación.
A diferencia del Poder Judicial Federal, los tribunales locales tienen un presupuesto modesto, sueldos cuatro veces menores y una carga de trabajo tres veces mayor. Lamentablemente, la percepción de la gente es que la “justicia no es justa” ya que la excesiva carga de trabajo hace que esta sea lenta y “justicia que no es pronta, no es justicia”.
Mi primer empleo fue como defensora pública, sin embargo, defender a los que menos tienen en un país lleno de contrastes es cada día más difícil, ya que la carga de trabajo que tiene un abogado de oficio hace que cada asunto que toma sea un número y no un nombre y apellido con problemas que resolver.
La función del Ministerio Público también es una asignatura pendiente, ya que por todos es sabido que la corrupción y la falta de capacitación obstaculizan el trabajo de procuración de justicia en perjuicio de la gente que no puede pagar a un abogado.
Son muchas las historias de injusticia que me he podido conocer a lo largo de mi trabajo y siempre he luchado para combatirlas, por ello, en la Comisión de Justicia de la que soy integrante voté en contra del presupuesto porque no está pensado en fortalecer a los tribunales locales con el propósito de evitar la impunidad que trastoca la vida de las y los mexicanos.
