El 28 de marzo de este año, el presidente López Obrador presentó tres iniciativas de reforma que pasaron desapercibidas. La primera en materia de disposiciones ambientales y actividad minera, la segunda en materia de la regulación del espacio aéreo mexicano y la tercera en materia administrativa. Esta última pretende realizar cambios en 23 leyes que comprenden temas desde las compras públicas o la regulación de transparencia, hasta cambios en materia de expropiación. Esta podría ser la reforma más importante del Ejecutivo Federal en términos de lograr una administración pública a modo y dotarla de poderes exorbitantes frente a los ciudadanos.
Es costumbre que antes de que inicie un sexenio, el Congreso apruebe modificaciones a la estructura de la Administración Pública Federal conforme los planes y deseos del próximo presidente electo. En noviembre de 2018 se llevaron a cabo reformas para que el nuevo Ejecutivo Federal contara con nuevos nombres en las secretarías de Estado y oficinas públicas, cambios en las delegaciones del Gobierno Federal en las entidades federativas y facultades de autoridades clave para llevar a cabo el proyecto de gobierno.
Además, a lo largo del actual sexenio se llevaron a cabo diversas reformas administrativas en materia de austeridad republicana, seguridad y compras públicas. Destaca el ir y venir que el Ejecutivo Federal ha impulsado en materia de quién se hace cargo de las compras públicas. En un inicio se transfirieron las facultades de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la Secretaría de Hacienda, pero en 2022, regresó la coordinación y conducción de las unidades de administración y finanzas a la SFP. Las reformas impulsadas parecían funcionar a base de prueba y error.
En diversas ocasiones, el presidente se ha quejado de las trabas legales que existen para llevar a cabo obras públicas como la Refinería de Dos Bocas o el Tren Maya; ha exhibido a jueces que echan para atrás sus decretos, acuerdos y reformas por ser inconstitucionales: “No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”. Ahora, el Ejecutivo Federal presenta esta gran reforma administrativa como una especie de memorias sobre lo aprendido en estos años de gobierno y pretende llevar a cabo modificaciones que conviertan en realidad sus deseos.
Este espacio queda corto para detallar todas las modificaciones que se plantean en esta gran reforma administrativa, pero destacan tres: 1) en materia de expropiación e indemnizaciones, 2) sobre licitaciones y compras públicas y 3) de trámites que debe cumplir el gobierno.
En primer caso, se reformaría la Ley de Bienes Nacionales, la Ley de Expropiación y la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado con el fin de establecer límites a los montos de las indemnizaciones cuando el Estado esté obligado al pago. En el segundo, se plantean cambios en la Ley de Adquisiciones del Sector Público con la finalidad de que se puedan comprar bienes en licitación internacional sin agotar la licitación nacional. En el tercero, las modificaciones permitirían a las dependencias y entes públicos realizar de forma simultánea trámites como dictámenes, permisos, licencias, derechos, etc. por motivo de notoria y evidente urgencia, para el ejercicio de derechos sociales y económicos y la defensa y seguridad nacional.
Si bien la Administración Pública debe estar en un cambio constante que permita responder a contextos cambiantes y situaciones de emergencia o urgencia, los legisladores deben estudiar cuidadosamente las consecuencias de esta reforma. El diagnóstico puede ser correcto, pero una medicina mal aplicada puede ocasionar mayores daños.
El riesgo de esta reforma radica en convertir al aparato público en un monstruo de mil cabezas con superpoderes, al tiempo que dejaría indefensos a los ciudadanos en un ambiente de incertidumbre jurídica.
Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
@ManuGuadarrama
