Luis Carlos Sánchez Díaz, investigador de Causa en Común
El pasado 5 de diciembre, leía una nota en donde tres hombres, dos de ellos de 79 y 89 años, habían sido sacados a la fuerza de sus hogares para posteriormente ser hallados asesinados en una carretera del municipio de Valparaíso, Zacatecas.
El hecho de que al menos en un par de notas se subrayará que no se conocían los motivos para secuestrarlos y que las personas “eran hombres de trabajo, honestidad y nobleza”, apunta hacia un recrudecimiento de la violencia en contra de la población. Ahora, las autoridades ya no pueden ocupar la “justificación” reduccionista de “el vínculo con el narco” o “que andaban en malos pasos” para explicar y esclarecer estos actos de atrocidades.
En un conteo que realizamos en Causa en Común, hasta noviembre de 2021 se habían contabilizado en Zacatecas al menos 56 masacres, 32 casos de tortura y 30 casos de mutilación y descuartizamiento de cadáveres. Aunado a lo anterior, se observa un incremento en los desplazamientos de familias en toda la entidad. Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) informó que de enero a agosto de 2021 más de 11 mil personas se habían visto obligados a desplazarse; a este dato se le suman al menos 150 familias que tuvieron que abandonar sus hogares en Valparaíso durante las últimas semanas a causa de enfrentamientos armados y amenazas por parte del crimen organizado.
En este escenario y pese a que existe una Ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, la cual no se pone en marcha, los tres niveles de gobiernos han actuado (como siempre) demasiado tarde. La presentación del Plan de apoyo para Zacatecas anunciado por el presidente el 24 de noviembre ha resultado insuficiente para darle tranquilidad a las familias zacatecanas. Un plan que sigue postulando que la violencia se reduce con abrazos, con el despliegue esporádico de la Guardia Nacional y el Ejército y con despensas y cobijas para los desplazados, pese que los presidentes municipales de Zacatecas consideran que la “estrategia” que se utiliza no ha sido efectiva para atender las problemáticas y reducir la violencia.
Hoy en día, el gobierno federal y algunos estatales apuestan por promover un enfoque militarista para reducir la violencia, pero al parecer, las organizaciones criminales les van ganando la partida, porque cada existe más impunidad y se propaga una actitud derrotista por parte de algunas autoridades municipales al considerar que no existen medios para hacerle frente al crimen organizado. Esto es claro porque en municipios como Cuauhtémoc, Monte Escobedo, Tepetongo y Loreto se han quedado sin elementos de seguridad.
Lo que ocurre en Zacatecas solo es una de las miles de postales de tragedia y barbarie que existe en nuestro país. Un país en donde las autoridades son omisas al dolor de las familias que han perdido su tranquilidad, sus seres queridos y su patrimonio.
Por supuesto que las violencias son un tema difícil de comprender y atender, pero ante ello, debemos de apostar más hacia explicaciones sociológicas que trasciendan los enfoques militares y policiacos. Además, es necesario dejar de naturalizar las violencias, dejar de ser apáticos ante los dolores ajenos y dejar de pensar que estaremos exentos a sufrir algún tipo de violencia. Por ello, es vital levantar la voz, exigir justicia y dignidad para jamás volver a repetir: “cuando vinieron por mí, ya no había nadie más”.