En la política conviene tener presente la historia para no repetir errores. En esta ocasión me referiré a los grupos armados que se ha autonombrado autodefensas.
Son reflejo de la inoperancia y ausencia del Estado en determinados lugares, en donde la gente toma las armas para asumir tareas de seguridad pública, atribuciones que no están en el marco de la ley, como si lo están las policías comunitarias en algunas entidades.
Por lo tanto, debemos quitarle el romanticismo, no son personas que defienden y protegen a su comunidad de los malosos, o que suplen a los policías en la defensa de su patrimonio. Nada que esté por encima de la ley, puede resultar bien.
En Colombia, por ejemplo, las autodefensas estaban tan bien organizadas, que fueron uno de los peores dolores de cabeza del Estado, tanto como los cárteles del narco. Su cometido fue combatir a la guerrilla, sin embargo, la falta de control del gobierno para impedir que se armaran hasta los dientes, las convirtió en una mafia que asesinó a decenas de miles de personas. Dirán que no tiene nada que ver con las autodefensas mexicanas, sin embargo, en lo que no hay duda es que su funcionamiento está fuera de la ley.
En Michoacán ya hubo en el sexenio pasado, un intento de desarme “voluntario” de las autodefensas con la propuesta de que formaran parte de la policía rural para darles una salida atractiva. Ese experimento le salió mal al gobierno de Peña, por muchas razones, una evidente fue la ausencia del control efectivo sobre estos grupos y “sus” métodos de ajusticiamiento.
Es en este contexto, que toma relevancia la declaración de la Secretaria de Gobernación en el que afirma que están en pláticas con grupos delincuenciales de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, que están dispuestos a deponer las armas porque están cansados de la violencia; horas después, a través de un tuit, la Secretaría de Gobernación denuncia una manipulación de lo dicho por su titular y “aclara” que se trata de autodefensas. Más tarde se supo que el Subsecretario Peralta ciertamente se había apersonado en estos tres Estados para reunirse con la población y grupos de autodefensas, pero a la que también asistieron personajes ligados al crimen organizado y hasta con órdenes de aprehensión. Los gobernadores nada sabían de esas visitas.
Como colofón, se presume que el Ejecutivo enviará al Congreso iniciativa de ley de amnistía que incluye a aquellas personas que forman parte de las autodefensas.
Interesante como parte de un plan de pacificación, sin embargo, las preguntas son muchas: ¿qué delitos serán olvidados? ¿cómo diferenciarán a autodefensas de integrantes de los cárteles? ¿un narco que se haya pasado a las autodefensas merece el mismo trato aunque haya torturado, asesinado y desaparecido a decenas de personas? Por desaparición no procede amnistías ¿estarán de acuerdo las víctimas? ¿La pacificación y la construcción de un auténtico estado de derechos necesita un perdón y cuenta nueva, o, verdad, justicia, reparación del daño y la no repetición?
No puedo evitar tener presente la extraña determinación del Presidente para convencer a los malosos a que ya se porten bien; conociendo este pensamiento, no es de dudar que la Secretaria simplemente acató órdenes. Tremendo reto, ojalá se haga lo correcto, que no puede serlo sin el respeto irrestricto a la Constitución.
