Por: Lorena Remírez Valenzuela
Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una práctica ya demasiado familiar en este país. De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, “se entiende por desaparición forzada el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, ya sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación.” (ONU Derechos Humanos) Si bien académicamente las desapariciones forzadas se asocian con instauraciones de dictaduras militares o conflictos armados, parece que México rompe paradigmas una vez más, para mal.
Si intentamos hablar de cifras, nos metemos a un terreno escabroso porque en este país la investigación suele ser poco rigurosa. Las cifras maquilladas o directamente modificadas tienen la entera intención de proyectar la ausencia de una crisis de inseguridad, violencia e impunidad que todas y todos hemos experimentado. Sin embargo, en ánimos de poner en contexto a los lectores, reporto las cifras oficiales: según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al día de hoy y desde el 31/12/1952, el total de personas desaparecidas localizadas y no localizadas es de 328,352; de las cuales 115,594 personas permanecen desaparecidas y sin ser localizadas. Es importante mencionar que el número ha aumentado significativamente en los últimos años, particularmente a partir del sexenio de Felipe Calderón. “El 88% del total de los reportes de desaparición se han realizado entre 2006 y la actualidad” (Cacho, 2024). Esto debido a la política de seguridad nacional implementada, conocida como “la guerra contra el narcotráfico”.
Además de lo preocupante de las cifras oficiales (mismas que se estiman ser tres veces menores a las reales), las familias de quienes sufren este delito son revictimizadas por el Estado Mexicano, al no recibir un correcto acompañamiento legal en el proceso de denuncia y búsqueda. Socialmente se asocia a las personas desaparecidas como alguien vinculado al narcotráfico o actividades ilícitas, entorpeciendo el debido proceso. Si, a pesar de ello, la investigación continúa, se encuentran con fiscalías completamente rebasadas, sin los recursos ni herramientas para llevar a cabo la investigación y búsqueda que cada una de las familias merece.
En este día, recordemos a las víctimas, a las familias, amigos y comunidades de quienes siguen buscando a sus seres queridos. Sobre todo, recordemos la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con sus ciudadanos. Una deuda de verdad, justicia, reparación y de garantías de no repetición.
