El 11 de septiembre de 2024, pasará a la historia contemporánea de nuestra Nación como uno de los más aciagos días al haberse consumado entonces lo que muchos sectores de la sociedad confiábamos pudiera ser conjurado: el malhadado golpe de estado del poder legislativo, actuando como ariete del ejecutivo perpetrador a través de su Cámara de Senadores, en contra del poder judicial. Una jornada que despuntó trágica, desde el momento en que la presunta mayoría, de manera artera y desaseada, avasalló y pulverizó toda impugnación de la minoría parlamentaria. Una madrugada en la que en medio de la obscuridad el mundo fue testigo de cómo en México un grupo de presuntos legisladores se encargó de amagar y descalificar toda increpación opositora, procediendo a silenciar cualquier tipo de reclamo social, así como de las fracciones parlamentarias integradas por críticos de la reforma judicial.
Sí, ha sido uno de los días más tristes de los que tenemos memoria en la historia del poder judicial mexicano, convertido éste en objeto de una maquinada erosión cuyo impacto desestabilizará instituciones, desequilibrará la balanza entre poderes, alterará las relaciones con los estados miembros de la comunidad internacional -principalmente con los Estados Unidos de América y Canadá, nuestros socios en el T-MEC-, y por cuanto la supresión de la independencia y conformación judiciales serán condenadas por el concierto jurídico-político nacional e internacional.
La fuga de dos legisladores desde la oposición hacia el partido oficial, la condenable e inexplicable ausencia de uno más y la deleznable adhesión de un cuarto legislador de la oposición a la reforma judicial impulsada por el oficialismo, sepultaron la posibilidad de impedir en el Senado que la aplanadora del poder se impusiera. Derivado de ello, la división de poderes ha quedado de facto suprimida en nuestro país, encontrándose en el filo de la extinción el poder judicial de la federación y, resquebrajado el orden republicano mexicano, herida de muerte la democracia mexicana.
Así de grave es hoy nuestra situación. Sin embargo, cabe preguntarse ¿no hay más remedio? La respuesta lógica, sensata y pragmática desde una visión política sería declarar contundentemente: ¡No! Pero responder de manera negativa sería convalidar un proceso que ha estado dolosa, grave y ostensiblemente viciado desde sus orígenes, y quienes creemos en la ciencia jurídica no podemos rendirnos mientras existan vías de lucha que nos permitan lograr que la fuerza del Derecho y la Justicia imperen. Rendirse en estos momentos sería tanto como confirmar todas y cada una de las imputaciones vertidas con el objeto de debilitar, denostar y desacreditar al poder judicial. Capitular por tanto a seguir adelante no es admisible, y menos ahora que al lado de los integrantes del poder judicial de la federación se han sumado millones de ciudadanos y particularmente miles de jóvenes de todo el país -estudiantes de derecho cuyo sueño es poder convertirse algún día en juristas-, cuya voz es hoy encarnación de ese llamado, fresco y ancestral a la vez, que nos recuerda que claudicar es lo único que no nos está permitido.
Por ello ahora, más que nunca, les corresponde a los abogados, a los especialistas del Derecho y a todo el ciudadano que cree en el imperio de la legalidad, certeza jurídica, derechos humanos, constitucionalidad y convencionalidad -por más que les moleste a quienes pretenden dotar exclusivamente de poder decisorio a la entelequia del “pueblo” que manejan a modo en su discurso (como si aquellos no fueran parte de él)- la defensa a ultranza del Estado de Derecho.
No podemos permitir que nuestra Nación se deshaga ante nuestros ojos y entre las manos. Hay mucho por hacer, por decir, por replantear y por defender. Nuestra República hoy nos necesita, tal vez como nunca antes, tal vez como ni siquiera pudo necesitarnos ese 15 de septiembre de 1810 -hace 214 años- el cura de Dolores cuando tocó las campanas de su iglesia para alertar a la población. ¿Qué dijo en su grito? Existen diversas versiones, pero destaca una frase común en todas ellas: “¡Muera el mal gobierno!” Ése era el fondo, no la independencia de la Nueva España respecto de la metrópoli, siendo su objetivo que cayeran los invasores galos bonapartistas.
Y cuando hablamos de mal gobierno, de inmediato la mente nos conduce a evocar todos aquellos regímenes totalitarios que han culminado su proceso de empoderamiento una vez que han logrado la cooptación del poder judicial, de lo cual los casos de la Italia fascista con Mussolini, de la España de Franco y de la Alemania nazista con Hitler son dramáticos y reveladores ejemplos de lo que la concentración del poder en unas cuantas manos, aunada a la demolición del poder judicial, es capaz de gestar. Procesos desgastantes, sangrientos, que han impuesto altas cuotas de lucha y resistencia (“Die Weiße Rose”, "Giustizia e Libertà", etc.) a sus respectivas sociedades, hasta que éstas por fin han logrado refundar la división de poderes y restaurar la democracia.
México, en cambio, hoy tiene aún una oportunidad. (Continuará)
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