V. El siguiente piso de la 4T: eliminación de los derechos humanos

En su avasallante afán porque la Reforma Judicial (RJ) sea un hecho consumado e irrefutable, el golpe de Estado que han acometido los Poderes Ejecutivo y Legislativo en contra del Poder Judicial de la Federación no sólo ha detonado la más grande crisis constitucional de que se tenga registro en nuestra Nación, sino también la más grave crisis convencional.

Para dimensionarlo, es necesario destacar tres artículos de nuestra Carta Magna. El artículo 1º, al disponer desde 2011 que las normas en materia de derechos humanos deben ser interpretadas conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los tratados internacionales “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. El artículo 133, al declarar que “serán la Ley Suprema de toda la Unión”, además de la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión, los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República y aprobados por el Senado. El artículo 136, al consagrar la inviolabilidad de la Constitución.

¿Qué relación guardan con la RJ? El hecho de que el fondo de esta execrable reforma violenta en masa los derechos humanos de todos los trabajadores del Poder Judicial y de la sociedad mexicana en su conjunto -como reiteradamente se ha proclamado- y, al hacerlo, quebranta la constitucionalidad y la convencionalidad al hacer nugatorios los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, pulverizando los compromisos y obligaciones asumidos con el resto de las naciones ante los que éste dio su palabra de respetar y cumplir. Consecuentemente: acaba con la división de poderes, con la independencia judicial, con el régimen republicano y democrático y con el Estado de Derecho, es decir, aniquila las hoy denominadas cláusulas pétreas: disposiciones cuya esencia se encuentra consagrada en la inviolabilidad constitucional establecida en el artículo 136 del Texto Supremo y que no pueden modificarse ni reformarse, porque de hacerlo trastocan al Estado de Derecho y a la propia Constitución, al dejar de ser ella la que es.

Sin embargo, no sorprende: si algo hoy está estorbando al partido en el poder son los derechos humanos. Esos mismos por los que tanto dijo luchar. Esos mismos que, al haber sido incorporados de manera explícita en la Carta Magna, transformaron desde 2011 el paradigma jurídico de nuestra Nación, haciendo de la Justicia mexicana un referente internacional ejemplar, cada vez más importante e influyente hasta el día de hoy, en que estamos a punto de ver cómo se destruye este legado jurisprudencial dando paso a una inconcebible y abominable regresión jurídica que nos retrotraerá a los tiempos medievales más siniestros. Y todo apunta a que ésta es su atroz meta. Por eso diversos legisladores del partido oficial han venido declarando, de modo tendencioso y aberrante, que ahora México “DEBE REFORMAR” su artículo 1º constitucional para ELIMINAR LOS DERECHOS HUMANOS, de modo que los tratados internacionales no tengan ya injerencia en esta materia y, mucho menos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus sentencias. Sí, a unas semanas de que tenga lugar la audiencia del 12 de noviembre en que este órgano se pronunciará sobre la RJ. ¡Así como lo lee, estimado lector! ¿Qué se ganaría? Que eliminado el bloque de regularidad constitucional por el que tanto ha trabajado el Poder Judicial con la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la cabeza, México estará abandonado a su suerte, sin apoyo internacional, convertido en un país constitucionalmente sin derechos, garantías ni ley.

Y es tal la inconcebible magnitud de esta crisis constitucional y convencional que a las enérgicas voces críticas de notables juristas mexicanos como las de José Ramón Cossío, Arturo Flores Albor, Miguel Carbonell, Diego Valadés, Francisco Burgoa, y politólogos como Jorge Alcocer Villanueva y Alfredo Figueroa -en su mayoría catedráticos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, por citar a los más relevantes-, se suman desde el extranjero las condenas de destacados juristas que, alarmados por lo que está sucediendo en México, se unen al clamor de los nuestros, como en el caso de Roberto Gargarella, Luigi Ferrajoli y Juan Antonio García Amado.

¿Qué denuncia Gargarella? Que más allá de la supresión de la independencia judicial y politización de la designación de los jueces, es escandalosa la violación de los principios constitucionales e internacionales que está ocurriendo en México. Que la remoción de los juzgadores es una dolorosa farsa totalmente injustificable. Que la RJ es de vergüenza ajena, constitucionalmente insostenible y anticonvencional, con niveles inaceptables e insultantes para el derecho constitucional contemporáneo, por lo que la academia internacional está profundamente preocupada porque su inminente erosión democrática podrá extenderse con trágicas consecuencias. No obstante, conserva una esperanza: que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México pueda frenarla. (Continuará)

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