La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creada por la Organización de los Estados Americanos en 1959, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en 1979, forma parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH).
Sistema que surgió en 1948 con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá. Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) de 1969 -ratificada por México en 1981-, el objetivo de la CIDH es consolidar un régimen de libertad personal y justicia social basado en el respeto a los derechos esenciales del ser humano, en un marco de instituciones democráticas y altos estándares internacionales.
Pues bien, justo ante la CIDH, desde hace varios meses diversos grupos de juzgadores y miembros de la sociedad civil mexicanos, solicitaron una audiencia para exponer las violaciones inminentes derivadas de la Reforma Judicial (RJ), amparados en las disposiciones contenidas de la propia CADH y obligatorias para nuestro país, entre las que destacan: obligación de respetar los derechos de todo ser humano sujeto a la jurisdicción de sus Estados Parte (art. 1°); deber de adoptar disposiciones que hagan efectivos los derechos y libertades (art. 2°); respeto a las garantías judiciales (art. 8); protección de la honra y dignidad (art. 11); protección judicial (art. 25); desarrollo progresivo (art. 26); amén de las contenidas en los artículos 29, 30, 31, 32 y, particularmente, en el 41, por citar a los más relevantes.
Exhibir ante América y el resto del mundo la pulverización del Estado de Derecho en México era esencial, como evidenció la audiencia del 12 de noviembre en la sede de la CIDH ubicada en Washington, donde representantes de la parte directamente afectada pudieron encarar, por primera vez, a los representantes del Estado Mexicano. Un Estado que nunca quiso escucharles y cuyos emisarios ahora sólo pudieron construir, fieles al discurso oficial, un posicionamiento falaz y falsario, al pretender defender lo indefendible.
Entre las juzgadoras, Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, denunció que el desmantelamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF) será la muerte de la democracia. Claudia Elena Hurtado de Mendoza, representando a 17 juezas titulares de 11 entidades federativas, sentenció que la destitución de 1,782 operadores de justicia -486 mujeres-, fue masiva, arbitraria y contraria a la dignidad de las personas. Carmen López derivo a la RJ de la sobrerrepresentación del partido en el poder y destacó el desprecio estatal contra juzgadores, académicos, especialistas y sociedad civil. Marie Claire Acosta, subrayó entre sus impactos: politización de la justicia; sometimiento a los intereses económicos, políticos y criminales; suplantación de los méritos por la “popularidad”; mantenimiento de la impunidad cercana al 100% en fiscalías; agravamiento de la desestabilización y desconfianza ciudadana contra el PJF. La magistrada Emilia Molina, a su vez, evidenció que la justicia no es sólo de mayorías y que la RJ pulverizó los derechos laborales y de vida de juzgadores y trabajadores del PJF.
Al final, los comisionados Andrea Pochak y Carlos Bernal Pulido realizaron intervenciones clave. Pochak destacó por sus incisivas preguntas sobre temas como el diagnóstico base para la RJ, la exclusión de fiscalías y defensorías, la prevención de la cooptación criminal y la violencia electoral, la garantía de la carrera judicial y la identidad de jueces sin rostro según estándares interamericanos. Pero Bernal Pulido cimbró a la concurrencia por la gravedad de su intervención: “Esto, dijo, es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo…, el caso de México es de libro”. Y finalizó: “Yo me solidarizo con ustedes jueces y magistrados. Por el principio del mérito. Por los derechos adquiridos. Por la confianza legítima… un gobierno que arrasa en las urnas en todos los cargos de elección popular ¿no es un poco sospechoso que también quiera que sean de elección popular los jueces?”.
Sí, fue una histórica y desgarradora audiencia por la directa afectación humana y por la destrucción irreversible del sistema de justicia en nuestro país, pero tengo fe.
Fe en la Justicia, en el Derecho y en las Mujeres y Hombres valientes que escucharán -como ya lo están haciendo- el desesperado y ardiente llamado de auxilio de estos incansables luchadores que llegaron a pedir Justicia ante la CIDH. Fe en que la luz de la esperanza que se ha ido encendiendo, de mano en mano, como fue con la de los ejemplares siete Ministros de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy arribó a un emblemático órgano internacional, desde donde su brillo impedirá que el colapso, anarquía y devastación hagan presa de nuestro México. Y Fe en que, tarde el tiempo que tarde, un día esa luz de esperanza será realidad que ilumine nuevamente el futuro de nuestra Nación.
Lo atestiguaremos.
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