La implementación de la reforma judicial paulatinamente nos acerca a una crisis constitucional y evidencia una línea de continuidad en el talante autoritario de la Presidencia de la República que, desde la tribuna de las mañaneras, abre una puerta muy peligrosa que pone en peligro al Estado de derecho y provocará una reacción en cadena impulsada por la intolerancia de las y los legisladores y servidores públicos de la 4T.
Al referirse a la orden de Nancy Juárez Salas, quien en su carácter de Jueza adscrita al Juzgado de Distrito XIX en el Estado de Veracruz, ordenó retirar del Diario Oficial de la Federación la publicación del Decreto de Reforma Judicial, Claudia Sheinbaum señaló expresamente que no va a acatar la decisión de la Jueza ni a retirar la publicación y que, en cambio, presentará una denuncia en contra de la Juzgadora, ante el Consejo de la Judicatura. Todo bajo el argumento de que “ni un juez ni una jueza ni ocho ministros, pueden parar la voluntad del pueblo de México”.
Más allá de la discusión sobre si la Jueza tiene o no atribuciones para emitir dicho mandato o si el amparo es o no procedente para combatir la reforma judicial y su puesta en marcha, la Presidenta formalizó una etapa que podría signarse por la vulneración sistemática del orden jurídico y de los procedimientos establecidos para resolver la normal conflictualidad que se presenta en sociedades como la nuestra, ya sea entre los particulares o entre éstos y el Estado.
Podríamos coincidir en que el Estado de derecho en México es incipiente y que su observancia tiene múltiples falencias, que en algunas materias funciona bien y en otras urge su replanteamiento, pero justo los correctivos no deben provenir de un comportamiento que rechace mandatos judiciales a capricho y voluntad de los servidores públicos.
La Presidenta de la República pudo usar los mecanismos judiciales previstos en la ley para combatir la sentencia que agravia la reforma judicial de la 4T y pudo omitir que denunciará a la jueza, con un desplante que suena a represalias y a venganza usando todo el aparato del Estado en contra de una juzgadora que se atrevió a emitir un mandato que la vincula.
El problema se torna muy grave si revisamos la narrativa que el oficialismo utiliza para referirse a las y los juzgadores y para calificar su actuación. Que la Presidenta diga que una sentencia es una ocurrencia o que los líderes parlamentarios de Morena utilicen adjetivos y hasta palabras soeces para aludir a un artículo que sustentó una decisión de la Suprema Corte de Justicia o hacer llamados para que el INE no acate suspensiones sobre la organización del proceso electoral judicial, son mensajes que indican la relación de sometimiento y control que la 4T quiere con el Poder Judicial y con las demás instituciones.
La reforma judicial, tal y como fue aprobada y como ahora se implementa, dista mucho de buscar una transformación que resuelva las legítimas demandas de la sociedad para contar con un aparato de justicia pronta, expedita y apegada a la ley. Al contrario, está construyendo un nuevo aparato judicial que no puede ir en contra de la voluntad del oficialismo, su rol consistirá en legitimar las decisiones que se tomen, sin independencia ni voluntad propia. Todo bajo el argumento de que así lo mandató el pueblo y, por ello, la reforma judicial va porque va, seguida de la reconcentración de funciones y poder en el gobierno por la pronta desaparición de diversos organismos autónomos.
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
