El Senado aprobó la extinción de órganos autónomos, dentro de los cuales se encuentra el INAI y mientras tanto, la ciudadanía observa la sentencia de muerte a la democracia mexicana.
Estos organismos autónomos nacieron con la intención de ser contrapesos ante los poderes del Estado y, ahora, sus funciones pasan a ser absorbidas por diferentes secretarías del gobierno. Esta tendencia, lejos de ser un acto de eficiencia administrativa, es una amenaza directa a las prácticas democráticas, que debilita la supervisión del poder público y refuerza la centralización del poder.
La autonomía de estos organismos ha sido clave para garantizar la transparencia y la protección de prácticas sirviendo a la ciudadanía y siendo un escudo contra la arbitrariedad. La independencia y la autonomía permitía que se actúe en pro de la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El impacto se refleja en la confianza pública y en la sensación de falta de protección de la ciudadanía. El simple hecho de que el gobierno esté tomando control de instituciones que deberían estar fuera de su alcance, provoca dudas sobre la voluntad de actuar de manera imparcial.
Esta decisión como muchas otras, marca un retroceso, no solamente se están debilitando mecanismos de control y regulación, pero se está atacando una de las bases de la democracia moderna: la independencia de las instituciones. El poder que no está sujeto a control y a rendición de cuentas, tiende a corromperse.
El modelo de democracia representativa requiere un sistema de frenos y contrapesos que garantice que ninguna de las ramas del gobierno adquiera un poder excesivo. Esto se ha visto amenazado, semana tras semana, reforma tras reforma.
La sensación de que estamos viendo una película en la que se destruyen décadas de trabajo incansable para formar una democracia es aterradora. No podemos decir que las cosas eran perfectas, lejos de ello. Pero estamos desapareciendo mecanismos que promovían la protección ante la imperfección.
Tenemos que darnos cuenta que estas decisiones resultan en una reducción de espacio de actuación de la sociedad civil. Se pierden vías para hacer valer y ejercer diferentes derechos que nos pertenecen. No solamente se debilita cada vez más el sistema democrático, sino que principios básicos de derechos fundamentales se ven afectados. No es una simple reestructuración administrativa, son principios que sostienen nuestra democracia los que están siendo amenazados.
Ricardo Anaya, senador panista, ilustró casos en los que el INAI fue pieza clave para transparentar la corrupción, incluidos gobiernos panistas, y subrayó que el INAI es útil para los ciudadanos, pero incómodo para el poder. Esta reflexión pone en evidencia una verdad incómoda y fundamental para comprender lo que se pierde con la falta de autonomía de estos órganos.
Recordemos que una sociedad civil organizada es prioridad y que no somos simples espectadores de una realidad en la que nada podemos hacer. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de exigir y participar activamente en los procesos de decisión.
La democracia no puede ser un espacio estático ni exclusivo para los políticos; debe ser un proceso dinámico en el que todos, con nuestra voz y nuestras acciones, defendamos los valores fundamentales que garantizan nuestra libertad, justicia y equidad.
