El desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, tiene entre otros campos de exploración, las aportaciones al desarrollo del país. En el caso de México, el destino de los recursos públicos para invertir en esos vitales y estratégicos segmentos, llegan convertirse en una evidencia del nivel de compromiso, pero sobre todo, de reconocimiento por parte del Poder Legislativo, al momento de asignar las partidas presupuestales. Como sabemos, la Cámara de Diputados tiene como atribución/facultad exclusiva, la discusión y aprobación año con año, de los criterios de recaudación fiscal y de egresos para el gasto federal.
En distintos medios, hemos comenzado a leer las cifras comparativas entre recortes y ampliaciones de presupuestos entre Secretarías y dependencias, así como la contrastación con otros ejercicios del gasto público, respecto de anteriores gobiernos. Desde luego que son determinantes para esas decisiones de la Cámara de Diputados, el acceso a los datos y evidencias científicas que demuestran por ejemplo, el agravamiento del cambio climático que ha conducido a la duplicación de la superficie del territorio nacional en condición de extrema sequía. Por ejemplo, hay entidades que desde hace años, se encuentran en esa dramática situación.
No obstante esa incontrovertible realidad, la propuesta de reducir las obras destinadas a la obtención, manutención y administración del agua, indican justo lo contrario. No es un asunto de ideologías, campañas electorales o preferencias presupuestales, se trata de la viabilidad misma de las condiciones de vida de la población y la productividad; las presiones por ejemplo en lo que concierne a los desplazamientos forzados producidos por el cambio climático en México, están a punto de convertirse en una realidad. A su vez, la cancelación de proyectos productivos, la gradual desaparición de los mercados regionales así como las irrecuperables pérdidas de la biodiversidad.
En diversas partes del mundo, los asuntos de protección del medio ambiente y la explotación racional de los recursos naturales, es una prioridad. No es con referencia a la dimensión del poder militar o económico del país en cuestión, para convocar a foros de especialistas o hacer llamados de atención a la comunidad internacional, ahora se tratan de condiciones específicas, medibles, perceptibles y sobre todo, innegables, de que estamos llegando a los límites –sino es que ya los hemos pasado, de la tolerancia de la Naturaleza para procesar los efectos de depredación de la especie humana.
Los contenidos y argumentos de los debates parlamentarios en este tipo de sustanciales temas, demuestran el auténtico compromiso con la sociedad y la viabilidad de los proyectos enfocados a las prioridades de las condiciones de vida justas. Hay una antigua sentencia en el debate parlamentario: presupuesto son prioridades. Por más argumentos y contraargumentos, que se expongan para justificar planteamientos distantes de las evidencias de la catástrofe climática en curso. La realidad, objetiva y evidente, pondrá en blanco y negro lo que sí y lo que no importa para el siguiente ejercicio fiscal. Lo deseable, desde luego, es el establecimiento de prioridades sociales, no segmentadas, que integren, no que excluyan, el futuro, no la inmediatez del presente. Prioridades sociales incluyentes, con futuro. Suena bien.
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