/ miércoles 14 de febrero de 2024

La fiesta brava

En la tercera década del siglo XXI, inmerso el planeta en una revolución tecnológica que nos ha llevado a registrar avances inimaginables, resulta increíble la existencia de grupos que, con agresiva intolerancia, pretenden imponer visiones unilaterales al resto de la sociedad. Es el caso del debate sobre el futuro de las corridas de toros, que han levantado todo tipo de comentarios, muchos de ellos sin sustento alguno y que provocan discusiones estériles.

En los últimos años se han acrecentado los embates por parte de organizaciones que se dicen animalistas en contra de esta actividad y que pretenden, desde una visión equivocada, promover el bienestar animal, al grado que esos esfuerzos se han traducido en campañas nacionales que buscan acabar con las tradiciones de un país con profundas raíces culturales e históricas, como el nuestro. Ancestralmente la naturaleza del toro de lidia es para luchar; pelear es su destino y muere peleando

La estrategia de esas agrupaciones, muchas de ellas financiadas desde el extranjero, lograron que el presidente López Obrador se sumara a los movimientos antitaurinos. En su paquete de reformas presentadas el pasado 5 de febrero, el presidente propuso modificar los artículos tercero, cuarto y 74 de la Constitución, para, en resumen, suprimir lo que llaman el maltrato animal y obligar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a expedir leyes con un alto grado proteccionista.

Dichas propuestas son, sin duda alguna, la antesala a la prohibición de las corridas de toros, las peleas de gallos, la charrería, los jaripeos y toda actividad que se considere como promotora del maltrato animal, sin tomar en cuenta cualquier consideración de tipo cultural.

Además del aspecto histórico de la fiesta brava y de su carácter inmensamente popular, pareciera una incongruencia pretender acabar con una actividad generadora de una importante derrama económica. Según datos de la Secretaría de Agricultura y de la asociación Tauromaquia Mexicana, que preside Manuel Sescosse. Las corridas de toros representaron en 2019, antes de la pandemia, una industria que tuvo un valor de 6,900 millones de pesos y que representó una inyección de 800 millones de pesos para el fisco.

En términos de empleos, la tauromaquia impulsó la apertura de 225 mil puestos de trabajo, directos e indirectos, gracias a la asistencia de más de 4 millones de personas a las plazas de toros en todo el país.

Sin embargo, se sabe poco que la fiesta brava es generadora de bienestar animal, una aseveración que provoca el enojo de los grupos antitaurinos. En México existen 262 ganaderías, repartidas en más de 160 mil hectáreas, donde el toro de lidia vive libremente en ecosistemas en los cuales se reproducen diversas especies. De extenderse esa política se llegaría al absurdo vegetariano de no sacrificar a los animales que nos alimentan.

Acabar con las corridas representaría la extinción del toro de lidia, situación que los verdaderos protectores de animales saben perfectamente. Es por ello, que en un mundo en el que la defensa de las libertades de todos los grupos que integran una sociedad, el debate respetuoso y bien informado debe ser la base de cualquier decisión que se tome.

Más allá del gusto por una de las actividades que hoy está en riesgo, debemos, como grupo, cerrar el paso a las visiones autoritarias que buscan imponer de manera agresiva y unilateral estilos de vida y visiones moralistas que pondrían en riesgo la escasa tolerancia que persiste en nuestras sociedades.

sdelrio1934@gmail.com