El pasado sábado 11 de septiembre, durante la madrugada, 400 migrantes caribeños atravesaron el río Suchiate en la frontera de México-Guatemala. Tras kilómetros a pie, y habiendo llegado al Ejido San Nicolás Lagartero en Tapachula, Chiapas, un operativo masivo de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) les esperaba. Al menos 150 migrantes haitianos fueron detenidos en un operativo que implicó personal, una veintena de vehículos y equipo, y cuatro autobuses del ejército.
Este caso solo es ilustrativo del despliegue masivo de más de 20,000 soldados que tiene el gobierno mexicano para evitar el flujo migratorio. Durante este año, al menos 147,000 personas han sido detectados en México en su camino a los Estados Unidos.
Tristemente, el uso de las instituciones del estado para restringir la inmigración y la asociación de personas, con base a su raza y/o su lugar de nacimiento, no es nuevo. En cuanto a la restricción de personas negras, se cuentan con registros desde el establecimiento de la Nueva España.
Este 24 de septiembre se cumplieron 484 años del descubrimiento, y consecuente represión, de una de las primeras rebeliones de afromexicanos que se tienen documentadas. De acuerdo con el académico Querol y Roso, la rebelión fue descubierta por la administración del virrey Don Antonio de Mendoza, quien mandó castigarles implacablemente. Algunos de los insurgentes y su liderazgo fueron descuartizados como ejemplo. Además, el virrey pidió al rey detener el envío de personas negras a Nueva España, demandó más armas y municiones, y requirió la llegada periódica a Veracruz de navío españoles para “tranquilidad de la colonia”—algo como colaboración entre la Cross Border Patrol y la Guardia Nacional de aquel entonces.
Años después, en el siglo XVII, existieron diferentes manifestaciones de personas negras en ciudad de México. Por ejemplo, en 1611, 1500 africanos y afrodescendientes se manifestaron cuando una esclava negra murió a causa de los golpes que le había dado su amo, Luis Moreno de Monroy. Según la investigadora Masferrer, tras estas manifestaciones se prohibió la asociación de más de 3 negros (libres y esclavos) y que se reunieran en "cofradías, bailes, plazas, tianguis, calles y otras partes". Eventualmente, en 1665 se estableció la de suprimir juntas y cofradías de negros en la ciudad de México porque "había muchas" y se creía que solo servían para que "los negros se emborracharan y gastaran, robando lo que podían de las casas de sus amos para este efecto".
La historia se ha contado sola desde entonces. Y naturalmente, el tránsito, la inmigración, las protestas y los movimientos de personas negras han seguido y seguirán existiendo.
Lo que no debe continuar es el uso arbitrario y diferenciado de los poderes del estado. Esta arbitrariedad anacrónica de decidir si las personas son “esclavas”, “legales”, si se pueden asociar, si pueden migrar, o si pueden protestar con base a su raza, su etnia, a su lugar de nacimiento, a su género y/o a su condición socioeconómica.
La ciudadanía debemos cuestionar severamente cómo instituciones públicas como la Guardia Nacional son utilizadas para operar estas prácticas y no para su fin—¡resolver la violencia del país! Asimismo, tomadores de decisiones y diseñadores de política pública deben exigir que el presupuesto público sea utilizado en políticas que protejan las libertades humanas. En conjunto, tenemos que cuestionar cómo detener 500 años de prácticas racistas y xenófobas.
La asociación, el tránsito, la protesta, la asociación, y la migración son derechos humanos. La libertad es un derecho humano. ¡Ningún ser humano es ilegal!
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Daniel Hernández Aldaco (@danihaldaco) se enfoca en rendición de cuentas policial y en justicia étnico-racial. Es maestro en políticas públicas por la Universidad de Harvard.
