La reforma al Poder Judicial y su implementación siguen causando polémica. Primero, por la insaculación que se realizó, el sábado pasado, en el Senado de la República, donde se determinó que 850 cargos de magistradas y magistrados de circuito, así como de juezas y jueces de distrito, se elegirán el primer domingo de junio de 2025.
Los trabajadores del sistema judicial señalaron que ese día, los y las legisladoras “firmaron su sentencia de muerte”, sin embargo, el gobierno federal, en voz de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que los puestos a renovarse fueron “elegidos completamente al azar”, por lo que se garantizó la imparcialidad y el respeto “en todo momento” de los derechos humanos de los juzgadores.
Pero los dimes y diretes no han cesado, y a pesar de que, tanto legisladores como Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y los líderes de Morena en el Congreso, Adán augusto López Hernández y Ricardo Monreal, así como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirman que la reforma al Poder Judicial cumple todas las reglas establecidas por la Constitución por lo que la elección de jueces, magistrados y ministros se hará realidad, los juzgadores siguen intentando frenarla.
Recordemos que, el jueves Nancy Juárez Salas, jueza del juzgado Décimo Noveno de Distrito, ordenó a Sheinbaum, y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López González, que en un plazo de 24 horas se acredite la eliminación del decreto que valida la reforma al Poder Judicial.
La jueza advirtió que “se aperciben a las autoridades responsables que, de no cumplir con el requerimiento formulado en esta resolución, se dará vista al Ministerio Público de la Federación”.
Sin embargo, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, puntualizó que las reformas a la Constitución están “exentas” de revisiones del Poder Judicial, por lo que denunció que la jueza Nancy Juárez Salas no puede ordenar que la presidenta de México elimine la publicación.
“No vamos a bajar la publicación, y número dos, vamos a hacer una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad”, dijo Sheinbaum este viernes.
Como podemos darnos cuenta, el enfrentamiento entre los dos Poderes sigue al rojo vivo.
Aún falta ver qué pasa en este caso, pues recordemos que de determinarse que existe responsabilidad en el delito de desacato a una suspensión al término del juicio de amparo, la ley establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo o empleo público". Estaremos atentos.
Llama la atención que la resolución de la jueza Juárez Salas se dio a conocer
un día después de que el juez Brian M. Cogan sentenciara a 38 años de prisión a Genaro García Luna y de que el martes, empresarios de Estados Unidos prometieron a Sheinbaum una bolsa de 20 mil millones de dólares en 2025. ¿Saque usted sus conclusiones?