Por: José Joel Peña Llanes
El gobierno de la presidente electa Claudia Sheinbaum que iniciará el 1 de octubre de este año heredará del gobierno actual muchos retos en materia de política exterior. Algunos de carácter diplomático, otros de carácter económico-comercial y otros vinculados con el derecho internacional y el papel de México como actor con responsabilidad global.
Un primer reto será el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador y resolver la crisis con el gobierno de Perú. Esto es de suma importancia porque siempre se ha buscado fortalecer la integración latinoamericana con miras a mejorar la presencia de la región en foros internacionales. Además, en el caso de Perú, vale la pena recordar que junto con México, Chile y Colombia forman la Alianza del Pacífico, que, si bien ha tenido resultados plausibles, aún le queda mucho camino por recorrer para alcanzar la “integración profunda” que los miembros se pusieron como objetivo al momento de su creación.
También es fundamental que el próximo gobierno fortalezca las relaciones diplomáticas con algunos países con los que se tuvo un desafortunado intercambio de declaraciones, siendo España el caso más urgente debido a que es nuestro principal socio dentro del bloque comercial más importante del mundo.
Por lo que se refiere a los temas económico-comerciales, el asunto prioritario será la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026. Será fundamental que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Economía (SE), sin que invadan competencias, prevean la creación de un grupo de trabajo intersecretarial permanente que diseñe la estrategia para garantizar que el tratado, fundamental para la economía del país, siga vigente y en los mismos términos, sin comprometer otros intereses nacionales como la diversificación y la búsqueda de socios comerciales en Asia y en otras regiones del mundo.
Cabe precisar que las tensiones derivadas de esta revisión dependerán en gran medida del resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos (EE.UU.), pues una desafortunada llegada del expresidente Donald Trump al poder pondría en peligro la continuidad del tratado, sobre todo por sus ideales proteccionistas y porque usaría como moneda de cambio temas sensibles de la relación bilateral como el tráfico de drogas y la regulación de los flujos migratorios.
Otro tema significativo es la firma y ratificación del Acuerdo Global modernizado con la UE, toda vez que esto se ha aplazado a pesar de que en 2018 concluyó la negociación del instrumento en términos generales, y en 2020 se acordaron las cláusulas relativas a la contratación pública. Es más, ni siquiera se ha acordado la entrada en vigor temporal de la parte comercial del Acuerdo Global modernizado, como ocurrió en 1997 durante las negociaciones del texto vigente.
Esto se debe a múltiples factores como la falta de acuerdo entre los 27 Estados miembros de la UE; las prioridades internas de cada parte; diferencias técnicas; y algunas preocupaciones sobre la soberanía, particularmente por reformas aprobadas durante el sexenio del presidente López Obrador.
Por lo que se refiere a los temas de derecho internacional, estos resultan más apasionantes a juicio de quien escribe. Primero, el gobierno entrante deberá continuar la defensa de la soberanía de México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas por parte del gobierno de Ecuador que decidió entrar de forma violenta a la misión diplomática de nuestro país en Quito. Si bien todo indica que este tribunal internacional resolverá a favor de México, está pendiente la entrega de la memoria por parte del gobierno mexicano y de la contramemoria por parte de Ecuador para que la CIJ, después de su análisis y de las audiencias que se celebren, pueda emitir su fallo.
Pero no debemos olvidar que Ecuador también presentó una demanda contra México ante el mismo tribunal internacional, entre otras cosas, por la presunta violación de las convenciones sobre asilo diplomático, lo cual, a pesar de que se relaciona con el asunto referido anteriormente, constituye un proceso independiente en el que la CIJ deberá determinar si México actuó conforme a derecho internacional al otorgarle asilo diplomático a Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador.
De manera menos mediática, pero igual de importante, se encuentra la demanda que presentó el gobierno de Luxemburgo contra México ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar porque el barco Zheng He, con 36 tripulantes, fue embargado en noviembre de 2023 por las autoridades mexicanas en Tampico, Tamaulipas. Es cierto que este tribunal decidió no emitir las medidas provisionales exigidas por el gobierno luxemburgués al considerar que no existe un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable para los derechos reclamados. Sin embargo, el gobierno de México deberá argumentar que de ninguna forma violó el contenido de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y, en su momento, cooperar con la parte demandante para solucionar la controversia.
Finalmente, hay que recordar que México optó por solicitar a la CIJ y a la Corte Penal Internacional (CPI) intervenir en los casos relativos a la situación en Medio Oriente, concretamente por el conflicto entre Israel y Palestina.
En el primer caso, el gobierno mexicano, bajo el argumento jurídico de que México es parte de la Convención sobre el genocidio, decidió sumarse al caso contra Israel, iniciado por Sudáfrica, por la presunta violación del instrumento jurídico señalado. En caso de que la CIJ apruebe la solicitud de intervención, la representación mexicana podrá presentar alegatos sobre su posición en el conflicto, aunque todavía falta tiempo para que esto ocurra.
Por otro lado, México y Chile presentaron en enero de este año un escrito de remisión ante la CPI respecto de la situación en Palestina, con el objetivo de que investigue la probable comisión de delitos que están tipificados en el Estatuto de Roma y, por ende, recaen en su ámbito de competencia.
Como se puede advertir, la próxima administración federal, específicamente la SRE que encabezará Juan Ramón de la Fuente, tendrá mucho trabajo para garantizar una presencia sólida de México en el concierto de naciones, buscando en todo momento defender los intereses del país y diversificar los vínculos políticos, comerciales, económicos y de cooperación.
* El autor es Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y doctor en Administración Pública por el INAP. Maestro y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde se desempeña como profesor de asignatura. Candidato a investigador nacional por el Conahcyt y asociado de COMEXI.
* X: @joelpena89
