En el artículo 71 de la Constitución se contempla la figura de iniciativa con trámite preferente y se define como un proyecto de Ley o decreto que el Ejecutivo Federal (el presidente de la República) puede presentar el día de apertura de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y los legisladores están obligados a discutirlo y votarlo en un máximo de 30 días naturales. El objetivo de esta figura es agilizar aquellos proyectos que el presidente de la República considera primordiales.
El 1º de febrero la Cámara de Diputados recibió del presidente de la República una iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica y se inició su trámite. Para empezar, es sorprendente que el presidente López Obrador priorice temas de generación eléctrica en medio de una pandemia que requiere acciones inmediatas. Los legisladores de Acción Nacional esperábamos iniciativas preferentes tanto para dar respuesta a la crisis sanitaria que sigue cobrando a diario más de 1,000 vidas en nuestro país, como para dar respuesta a la crisis económica más severa en 100 años (que ha producido más de 10 millones de nuevos pobres y el cierre de alrededor de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas), sin embargo, la prioridad para el presidente López Obrador es otra.
Sin ser una prioridad, hay consenso en que se requiere fortalecer la industria eléctrica, sin embargo, existen aproximaciones muy diversas en el cómo debe fortalecerse y por ello se está llevando la dictaminación en Parlamento Abierto y se escuchan todas las voces posibles en la Cámara de Diputados. Desgraciadamente y en detrimento de la democracia y de la participación, el presidente López Obrador declaró que “no se le cambiaría ni una coma”, cuando cada vez es más claro la necesidad de ajustar a fondo la propuesta.
Para Acción Nacional se deben cumplir cuatro criterios claros: en primer lugar, exigimos un diagnóstico real e integral del sector lejos de retóricas maniqueas y prejuicios. La exposición de motivos de la iniciativa viene plagada de animadversiones absurdas, expresiones como: la política neoliberal y neoporfirista o la acusación generalizada de corrupción a políticos y legisladores, son prueba de ello.
En segundo lugar, se deben seguir las mejores prácticas internacionales y cumplir con todos los lineamientos jurídicos a los que estamos suscritos como país, como son tratados comerciales y acuerdos como el de París. En tercer lugar, se debe cumplir con los criterios que la Suprema Corte de Justicia señaló: libre competencia y concurrencia, y criterios de eficiencia económica, y en cuarto lugar cumplir con todos los criterios y normatividades de cuidado del medio ambiente.
Antes de cualquier modificación es indispensable conocer los posibles costos económicos, sociales y políticos de las modificaciones propuestas; Acción Nacional no votará una reforma que atente contra la economía de las familias, que vulnere la seguridad jurídica, o que afecte el medio ambiente y el bien común de todas y todos los mexicanos.
Renunciando a criterios ideológicos en el debate y sumando visiones y argumentos, se podrá conseguir el objetivo de lograr energías más baratas y limpias.
@JCRomeroHicks