Se dirá que la entrega anterior de quien escribe fue particularmente institucionalista. Y con razón. La construcción y el fortalecimiento de instituciones –sobre todo policiales, a nivel estatal y municipal– es un elemento central para pacificar el país. No obstante, importa hacer algunos matices en torno a los límites de las instituciones.
La solución a la inseguridad y la violencia en diversas regiones del país puede parecer una verdad de Perogrullo: llevemos más instituciones –más Estado– a aquellas áreas donde sea necesario.
Sin embargo, la solución deja de ser obvia en sistemas sociales tan complejos como los de Michoacán o Guerrero, por ejemplo. Toda acción tendiente a “llevar” o “fortalecer” el Estado debe tener en cuenta por lo menos dos limitaciones en el México del siglo XXI: a) ningún diseño institucional del gobierno federal podrá moldear las formas de hacer política a nivel local –en realidad, las instituciones tendrían que ser resultado de la interacción entre ambos niveles–; y b) la construcción de instituciones no son suficientes para construir grandes voluntades colectivas, sobre todo en comunidades cuyo tejido social se ha fragmentado por años –Afganistán es un caso de esto en la historia reciente.
Por ello, todo esfuerzo orientado a la construcción de instituciones requerirá considerar el entorno sociopolítico de la comunidad y sus elementos, a saber: líderes locales y actores clave; relaciones y tensiones entre los actores; narrativas que dan sentido a una comunidad; así como valores públicos e intereses privados. En otras palabras, el gobierno federal tiene que ser un facilitador de la gobernabilidad local, y no asumirse como un cruzado.
Pero tampoco hay que ser ingenuos. Encontrar, y trabajar con, líderes locales y actores clave para pacificar un país puede tener dos desafíos importantes: a) el dinamismo –por no decir volatilidad– del sistema de alianzas y los liderazgos en una comunidad; y b) la posibilidad de hacer tratos políticos con actores ilícitos –en el caso de México con organizaciones delictivas–, toda vez que se han convertido en un elemento inseparable del entorno político, social y económico de una localidad.
Diversos casos en el mundo sugieren que las transiciones de un contexto de violencia armada a uno de paz están definidas por un patrón: la existencia de acuerdos políticos en los que se negocia la distribución de poder y de recursos entre actores clave –para un ejemplo histórico, se recomienda el estupendo artículo de Francis Fukuyama The Last English Civil War, en la revista Daedalus. Así, la evidencia disponible permite sugerir que la violencia armada se estabiliza cuando la distribución de beneficios, oportunidades y recursos –tales como posiciones políticas y prospectos de negocios– es consistente con la forma en que el poder informal está distribuido en una comunidad.
La construcción y el fortalecimiento de instituciones será condición –muy– necesaria pero no suficiente para pacificar el país. Es necesario que una estrategia de seguridad en México incorpore estos matices y los traduzca en política pública concreta. De lo contrario, el exceso de confianza en las instituciones podría ser un ideal encomiable, aunque sencillamente inaplicable en la realidad.
Discanto: “Voto por voto, casilla por casilla”. Así se pidió para México en su momento; así se pide ahora para Venezuela. Lo demás, incongruencia.
Senior Advisor en Miranda Partners
