La administración de Andrés Manuel López Obrador se apresta a celebrar los primeros seis meses de su gobierno, plazo como en todos los casos arbitrario e insuficiente para juzgar resultados, errores o fracasos. Pero el gobierno de la, aquí sí mal llamada cuarta transformación, tiene poco que festejar y mucho tendría por escuchar y rectificar para justificar su gestión.
Entre las renuncias o despidos de funcionarios de la administración, destaca la de Germán Martínez como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque en su exposición de motivos hace una denuncia que caracteriza de cuerpo entero al gobierno actual, definitiva y abiertamente inhumano. Los injustos recortes al gasto del sistema de salud del país en medicamentos y material de curación han producido una crisis en todo el sistema de salud que abarca a prácticamente todas las instituciones del sector. Con el argumento del combate a la corrupción y la obsesión del gobierno para reducir al mínimo el personal en todas las áreas, más de cien mil servidores públicos han quedado en el desempleo durante estos seis meses transcurridos en la administración de López Obrador.
Las protestas de los directores de los institutos de diversas especialidades médicas ante la Cámara de Diputados por la retención y la disminución de los presupuestos para su funcionamiento, así como los paros parciales de las organizaciones sindicales del ISSSTE y otras dependencias, revelan la crisis en prácticamente todas las dependencias gubernamentales, debida a los recortes que de manera tajante han sido aplicados en este medio año, al que López Obrador llega con una baja de quince puntos porcentuales en promedio en la mayoría de las encuestas que miden sus índices de aceptación.
La opinión pública comienza a percibir los efectos nocivos, inhumanos y de verdadera injusticia social de una política de pretendida austeridad que a base de ahorros mal entendidos en la operación del gobierno busca obtener recursos para el financiamiento de proyectos que a un alto costo económico y social se pretende llevar a cabo como distintivos de la nueva administración. Se cancelan obras como el aeropuerto en Texcoco y se posponen otras como el tren México-Toluca para dar paso a caprichos como la terminal aérea de Santa Lucía, el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, todas ellas sin haberse realizado los estudios de impacto ambiental ni viabilidad económica antes de comenzarlas. Se ahorra en recortes de personal administrativo y profesional en sectores como el de la salud, para destinar esos recursos a la entrega directa de dinero en programas indiscutiblemente clientelares y de mantenimiento de la imagen presidencial. Tan pobres y necesitados de apoyo son los miles de empleados despedidos y los derechohabientes de la seguridad social a quienes se reducen los servicios para la atención de su salud, como los adultos mayores y los jóvenes a quienes en programas con retrasos en su cumplimiento se pretende rescatar de su condición de desamparo.
En el balance que el gobierno de López Obrador hará con motivo de sus seis meses de gestión, seguramente no serán abordados los efectos que en la economía del país ha producido la política de austeridad y la llamada lucha contra la corrupción que, se dice, las administraciones anteriores heredaron al país. La economía se contrae. En el primer trimestre del año se registró un retroceso de dos puntos porcentuales en el producto interno bruto; la inversión, la actividad industrial y comercial registran también bajas en sus principales indicadores. Los datos que así lo revelan son sistemáticamente negados lo mismo por el presidente en sus comparecencias mañaneras que por los principales responsables de la administración. La mal llamada cuarta transformación no tiene mucho que festejar.
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