Por Maureen Meyer
Ante el dramático aumento de personas migrantes que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, el gobierno mexicano se ha vuelto a posicionar como el muro virtual del país vecino, cerrando la frontera sur a viajes terrestres no esenciales y desplegando un llamativo contingente de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la frontera sur. Aunque el INM ha dicho que los operativos son para proteger a la niñez migrante y los derechos humanos de las personas migrantes, llama la atención la ausencia de personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la agencia encargada de garantizar el derecho humano de todas las personas a buscar protección en México, si así lo desean.
El endurecimiento de la frontera sur de México ante presiones del gobierno estadounidense se ha vuelto común en los últimos años, pero el gobierno de López Obrador ha militarizado las tareas de control migratorio de manera considerable. En el informe de seguridad presentado el 22 de marzo, el gobierno reportó el despliegue de 8.715 elementos de la Guardia Nacional, SEDENA y Secretaría de Marina (SEMAR) para el Plan de Migración y Desarrollo en la Frontera Norte y Sur. El Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana presentó recientemente un análisis de datos obtenidos por solicitudes de acceso a la información, revelando que entre junio de 2019 y diciembre de 2020 las fuerzas armadas y la Guardia Nacional detuvieron a 152 mil personas migrantes en la frontera sur del país. En este mismo periodo, la Unidad de Política Migratoria reportó que 193.640 personas migrantes fueron presentadas ante la autoridad migratoria, lo cual sugiere que más del 78 por ciento de las detenciones de personas migrantes en México durante este periodo fueron realizadas por militares o por elementos de la militarizada Guardia Nacional. La militarización del control migratorio también se ha extendido al INM, pues actualmente 18 estados tienen mandos militares o con formación militar como delegados del Instituto.
El homicidio de una persona guatemalteca a manos de un soldado de SEDENA el 29 de marzo cuando el vehículo en que viajaba intentó reversar al ver un retén en la frontera sur, es el ejemplo más reciente de los riesgos que implica desplegar fuerzas de seguridad con formación primordialmente militar para interactuar con grupos vulnerables, como lo son las personas migrantes. Frente a la caravana de migrantes en enero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó “episodios preocupantes de uso de la fuerza por la Guardia Nacional” y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que el INM y la Guardia Nacional omitieron salvaguardar el interés superior de la niñez migrante. En 2020, la CNDH registró 36 quejas de acciones y omisiones por la transgresión de los derechos de migrantes y sus familias por parte de la Guardia Nacional y otras 15 por parte de SEDENA.
La experiencia de los últimos años demuestra que no se puede atender la migración forzada en la región con una estrategia basada en la contención y el despliegue de las fuerzas militares. El gobierno mexicano debe reorientar su política migratoria a una centrada en el acceso a la protección y avanzar en la cooperación regional para atender las causas estructurales de la migración centroamericana, un paso esencial para que la migración sea una opción y no una estrategia de sobrevivencia para muchas personas.
Integrante de CASEDE y Vicepresidenta para Programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
