La obesidad infantil se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más urgentes de atender en México. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022, el sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes han aumentado entre un 5% y un 7%, dependiendo de la edad, en comparación con 2018.
Lo más preocupante es el aumento exponencial de prevalencias por edad: mientras el 7.7% de los niños y las niñas menores de 5 años presentan sobrepeso u obesidad, esta cifra se quintuplica en edades posteriores, ya que se presenta en el 37.3% de los niños y las niñas de 5 a 11 años y en el 41.1% de adolescentes de 12 a 19 años. Es decir sólo 6 de cada 10 adolescentes tienen un peso normal al entrar a la edad adulta, lo que presenta riesgos para su salud presente y futura.
Las consecuencias del sobrepeso y la obesidad en la salud física no deben pasar desapercibidas pues esta asociada con riesgos significativos de presentar enfermedades cardíacas, diabetes, cancer e incluso la muerte. Durante la pandemia del COVID 19 la obesidad y sobre peso fue considerado un factor significativo en la morbilidad y mortalidad.
De acuerdo con el estudio de BMJ Health titulado Impactos económicos del sobrepeso y la obesidad: estimaciones actuales y futuras para ocho países y publicado en 2021, los costos relacionados con la obesidad ascienden a aproximadamente 26 mil millones de dolares anuales. Estos costos incluyen gastos médicos directos, como hospitalizaciones y tratamientos, así como costos indirectos relacionados con la pérdida de productividad y el ausentismo laboral. Resulta preocupante que esta cifra equivale al 2.4% del producto interno bruto y se estima que para 2060 esta cifra casi se duplique alcazando el 4.14% del producto interno bruto de México.
La Alianza por la Salud Alimentaria, un grupo que agrupa a diversas organizaciones civiles y académicas, ha emitido un claro llamado de atención: si no se implementan medidas firmes para regular la venta de comida chatarra en las escuelas, medio millón de niños podría desarrollar obesidad en tan solo un año. Este incremento es atribuido en gran medida a la falta de regulación en los entornos escolares, donde se sigue permitiendo la venta de productos altos en azúcares y grasas.
Concretamente, la Ley General de Educación, especialmente en su artículo 75, establece que es responsabilidad de los directores y otras autoridades escolares asegurar el cumplimiento de las normativas sobre la venta de alimentos. Según la Ley, las cooperativas, tiendas escolares y comedores deben comprometerse a promover la salud y seguir las reglas establecidas, como la prohibición de la venta de comida chatarra. Además, se destaca la necesidad de fomentar estilos de vida saludables entre los estudiantes, promoviendo la activación física y una buena alimentación desde temprana edad.
Sin embargo, en la práctica la implementación de estos lineamientos ha sido deficiente por parte de las autoridades educativas. De acuerdo con la columna de opinion de Andrea Vega titulada Estiman Medio Millón de Niños Obesos en un Año por No Regular Venta de Chatarra en Escuela, la situación se agrava con el hecho de que, aunque existen lineamientos, estos no son de carácter obligatorio en todas las escuelas, lo que resulta en una aplicación inconsistente.
La resistencia de la industria alimentaria y de bebidas ha sido un obstáculo significativo para la implementación efectiva de estas políticas. Además, la regulación estipula que debe existir un Comité de Establecimientos de Consumo Escolar conformado mayoritariamente por madres y padres de familia. Sin embargo, en la gran mayoría de escuelas no está conformado este Comité.
Asimismo, existe una falta de recursos, supervisión y apoyo en las escuelas para implementar las normativas adecuadamente. Además, muchas instituciones educativas dependen de los ingresos generados por las cooperativas escolares, lo cual se vuelve un ciclo díficil de romper.
Desde Early Institute consideramos que las altas prevalencias en sobrepeso y obesidad en niñas, niños y adolescentes, así como la magnitud de los costos asociados subrayan la necesidad urgente de una acción coordinada.
Es imperativo que las autoridades educativas y de salud trabajen juntas para asegurar el cumplimiento de las regulaciones existentes y que se eduque a la comunidad escolar sobre la importancia de una alimentación saludable.
Desde la sociedad, es necesario incentivar el involucramiento de madres y padres de familia en el proceso y en los Comités escolares. Desde el gobierno también debe considerar políticas más integrales como incluir la implementación de impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados para desalentár su consumo. Asimismo, debe reducirse la dependencia de los ingresos generados por las cooperativas escolares que venden comida chatarra a través de una mayor inversión pública en las escuelas.
Los datos son claros, se requieren acciones urgentes para revertir las tendencias y que las niñas, niños y adolescentes no paguen las consecuencias.
