El artículo sexto de la Constitución mexicana garantiza a todos los ciudadanos un derecho que ya no puede ni debe seguir siendo aplazado. Este es el famoso derecho de las audiencias, el cual establece que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Por muchas décadas las audiencias mexicanas, muy en particular los televidentes, hemos sido presas de decisiones en materia de contenidos televisivos que nos someten a una visión de entretenimiento, cultura e información que está muy lejos de la pluralidad noticiosa y más aún de la educación entendida como un proceso que proporcione al individuo la adquisición de conocimientos, de experiencias y de habilidades con el objetivo de formarlo para que lleve una vida plena y feliz.
Aunque es cierto que la televisión comercial nunca se ha planteado ser ni plural ni mucho menos educativa, también es cierto que el otorgamiento de concesiones en esta materia obliga al Estado a garantizar que la radiodifusión, que es un servicio público de interés general, “sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional contribuyendo a los fines establecidos en el artículo Tercero de la constitución”.
En tiempos de consolidación democrática y segundo piso de una cuarta transformación de la vida pública, estos preceptos legales no pueden seguir siendo letra muerta. Lo primero que tenemos que plantearnos como sociedad y ciudadanos activos, es saber con toda claridad a quién le corresponde hacer que los dueños de los medios de comunicación comerciales cumplan con todas estas obligaciones y responsabilidades establecidas en la normatividad mexicana. Yo creo que es un error, y hasta cierto punto un absurdo, creer o decir que “la prensa se controla con la prensa”. Esta aseveración deja fuera al Estado del cumplimiento de sus importantes obligaciones en la materia. ¿Quién defenderá a las audiencias de la radio y la televisión de la impunidad masiva y mentirosa, así como de la falta de pluralidad informativa de esos medios comerciales? ¿Es entonces que las leyes no existen para aplicarse? ¿Son sólo Ruiz Healy, Salinas Pliego, Azcárraga o Brozo los responsables de garantizarnos la pluralidad informativa, veraz y confiable tan anhelada por todos los mexicanos?
Es un mito casi inhumano seguir creyendo que el problema de la falta de pluralidad, veracidad y calidad de los contenidos televisivos y radiofónicos en asuntos informativos, noticiosos, educativos y culturales de los medios comerciales de la radio y televisión abierta son un problema que tenemos que resolver a solas las audiencias mexicanas. La “conferencia de prensa del pueblo, “el detector de mentiras semanal” o el invento de la infodemia como concepto preventivo, son sólo paliativos ciertamente muy útiles, pero claramente insuficientes para resolver un problema social de tan alta gravedad como lo es la desinformación de la población. Es un imperativo decir ya que las audiencias nos merecemos un trato diferente. El Estado debe obligar a que los concesionarios cumplan con las obligaciones que la ley les impone. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene un presupuesto anual de 1,700 millones de pesos, y prácticamente nada hace además de proteger los derechos de los dueños de los medios de comunicación. Las audiencias, que para el caso de la radio y la televisión son más del 50 % de la población según las propias cifras del instituto, ya nos esperamos más de 50 años. A este tema no ha llegado la transformación. Sólo llegaron las mañaneras, algunos dirán que peor es nada. Yo no pienso igual, la transformación debe ser integral.
