En la medianoche del pasado martes 31 de agosto, cinco jueces conservadores de la Suprema Corte de Estados Unidos destruyeron medio siglo de derechos de aborto en Texas. En votación, se negaron a bloquear la ley recién emitida por el gobernador de la entidad, Gregg Abbot, que permite demandar a cualquiera que "ayude o incite" un aborto después de seis semanas de gestación.
De acuerdo con activistas, esta decisión es una afrenta a la vida, a la cuerpos y a la autonomía de las mujeres. La mayoría de los abortos ocurren después de 6 semanas, pues antes de este periodo muchas mujeres no saben aún de su embarazo. Además, pone en riesgo de demanda a personas y organizaciones que acompañen a mujeres en esta ventana de tiempo. La prohibición de aborto en Texas es la ley más restrictiva en Estados Unidos y se convierte en un precedente alarmante en el mundo: el retraso de lo que tanto costó lograr.
Empero yo no puedo elaborar sobre la experiencia única de las mujeres. Respetando mis fronteras, me enfocaré en describir cómo esta decisión tiene también efectos desproporcionados en las mujeres de pueblos originarios en Estados Unidos, y por qué esto le convierte en una política pública racista.
El periodista de la NBC Erik Ortiz señala que el acceso a la salud para las 2.5 millones de mujeres indígenas y nativas de Alaska es insuficiente. Por ejemplo, en 2002, un estudio nacional encontró que de las instalaciones del único proveedor de servicios a estos grupos (el “Indian Health Service” o “IHS”), el 85% estaban incapacitadas para realizar abortos. Este estatus es preocupante debido a que al menos 1 de cada 3 mujeres nativas son víctimas de violación (o de intento de), y porque estas experimentan mayores índices de agresión sexual en comparación a sus contrapartes blancas y latinas (Department of Justice, 2012; Bureau of Justice Statistics, 2016).
Ortiz, señala también que durante la década de los 1970s el IHS esterilizó involuntariamente a un rango entre 3,400 y 70,000 nativas como parte de una estrategia de “planeación familiar” del gobierno federal de dicho país.
Terrible.
Todas estas estadísticas apuntan en la misma dirección: esta decisión de la Corte añade una carga adicional a las mujeres indígenas y nativas de Alaska. El “entre líneas” de esta decisión, es que afecta desproporcionalmente a dichos grupos no porque quiera hacerlo intencionalmente, sino porque omite considerar las implicaciones emergentes de operar una política en un sistema que no tiene instituciones capacitadas para proveerles servicios efectivos—en comparación a otros grupos—y que no identifica las causas históricas y contextuales de dichas inequidades.
De este ejemplo se desprende una conclusión: si una política pública omite atender las repercusiones diferenciadas sobre grupos históricamente marginalizados y racializados, entonces perpetúa dichas inequidades: continúa el racismo estructural. Por antonomasia, es una política pública racista.
En México, el debate sobre salud sexual y reproductiva ha avanzado de la mano de mujeres y organizaciones activistas. En tan solo el último año el aborto se legalizó, sin importar su causa, en Hidalgo y en Veracruz (y potencialmente en Coahuila), sumándose a Oaxaca y a la Ciudad de México.
Sin duda hay que celebrarlo, pero también es importante exigir que dichas políticas públicas identifiquen y actúen sobre los retos únicos de las mujeres mexicanas de comunidades originarias y afrodescendientes. Por ejemplo, en 2016 la CONAPO describió que las mujeres indígenas—en comparación con mujeres no indígenas —experimentan mayores tasas de fecundidad, menor uso de métodos anticonceptivos, un inicio de reproducción a una edad más temprana, mayor porcentaje de embarazos no deseados y menor de planeados, entre otros datos.
El académico Ibram X. Kendi nos lo propone simple: toda política pública, es racista, o es antirracista. Punto. Es tiempo de que les hacedores de política pública en México elijamos cómo nadar en el turbio mar del racismo: ¿surfearemos las olas del racismo estructural? o ¿construiremos malecones para detener el tsunami racista?
Yo estoy en el negocio de las rompeolas.
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Daniel Hernández Aldaco (@danihaldaco) se enfoca en rendición de cuentas policial y en justicia étnico-racial. Es maestro en políticas públicas por la Universidad de Harvard.
