por Patricia Avendaño Durán
La colocación de propaganda electoral en las calles es una costumbre arraigada entre los partidos políticos, y aunque su efectividad es cuestionada, lo que resulta indudable son los problemas que conlleva para la ciudadanía
Afectaciones al paisaje urbano y la infraestructura de la Ciudad, contaminación visual y toneladas de basura son sus principales efectos, que pueden extenderse mucho más allá de las elecciones.
En el pasado Proceso Electoral, el Gobierno capitalino y las Alcaldías retiraron 211.7 toneladas de propaganda electoral entre junio y septiembre, una tarea continua a la que Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha dado seguimiento puntual al solicitar la intervención de las autoridades, partidos políticos y candidaturas, además de verificar con documentos que el material haya sido entregado a centros de reciclaje, como lo marca la normatividad.
Pero en algunos sitios, por desgracia, aún es posible encontrar restos de carteles o bardas pintadas, y aunque el IECM continuará con sus solicitudes de retiro a las autoridades responsables de ello, cada vez resulta más clara la necesidad de reflexionar sobre esta práctica que, elección tras elección, genera diversos inconvenientes.
Desde los propios partidos políticos han surgido voces que plantean la posibilidad de cambiar el esquema de promoción de sus plataformas y candidaturas por uno en el que no sea necesario saturar el entorno con material que tiene una vida útil de unas pocas semanas y después se convierte en un problema difícil de resolver.
Coincidimos en que esta es una buena oportunidad para analizar la situación actual, revisar los pros y contras de continuar con este modelo de promoción y explorar alternativas que incluso podrían significar un menor gasto de recursos públicos.
No hay que perder de vista que la propaganda electoral es pagada con fondos del erario asignados a los partidos políticos, y por otra parte, el costo de retirarla de la vía pública es asumido por los gobiernos capitalino y de las alcaldías, que distraen personal, vehículos y tiempo para esta tarea.
Desde cualquier punto de vista, la ciudadanía es quien paga todos los costos.
Por supuesto, se han registrado avances en torno a la utilización de propaganda durante los procesos electorales, pues ahora los partidos políticos tienen la obligación de utilizar en su manufactura sólo materiales que puedan reciclarse.
También están obligados a retirarla y trasladarla, una vez terminados los periodos de campaña, a centros de procesamiento autorizados y especializados, y deben entregar los comprobantes de ello a la autoridad electoral.
Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que, además de los partidos políticos, las candidaturas también son responsables del retiro de la propaganda utilizada, pues son quienes se encargan de su elaboración, confección y colocación.
Y la normatividad dispone que la propaganda no puede ser colocada sobre mobiliario urbano si lo daña o altera sus funciones, si impide su uso por parte de la población o maltrata la vegetación.
Todas estas acciones han aminorado el impacto del material promocional que sobrevive a los procesos de elección en nuestra Ciudad, pero no lo han eliminado por completo.
Este podría ser el momento adecuado para revisar si dentro de 3 años, en las elecciones intermedias, estamos dispuestos a enfrentarnos una vez más a los problemas que deja tras de sí la propaganda electoral.
Presidenta IECM
@PatyAvendanoD
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