Las y los ministros están acatando la reforma constitucional, ya que si renunciaban antes del 31 de octubre, que es lo que sucedió, tendrán derecho a sus haberes vitalicios (a su sueldo eterno y sustancioso) y a participar en su propia postulación. Es decir, están cumpliendo con el texto constitucional reformado, pero al mismo tiempo es una renuncia que surte efectos hasta el próximo año, con lo cual, seguirán en funciones, cumplen con la normatividad vigente, aunque a su vez continúan dinamitando institucionalmente a la Suprema Corte al aprobar el proyecto que nulifica parcialmente la misma reforma. Una total incongruencia.

La propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá declara inconstitucional la elección por voto popular de personas juzgadoras, así como de las y los magistrados del país, pero mantiene la elección de las y los Ministros de la Suprema Corte y de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En un efecto de martirio judicial, se autoinmolan, “sacrificándose” para ser los únicos elegibles y “salvando” al resto de personas juzgadoras que integran a la institución, proponiendo con ello se evite su legitimación.

Están sentando las bases para que, una vez que las y los Ministros que están renunciando aprueben la propuesta del Ministro González Alcántara, se acuda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para urgir a la justicia internacional se detenga la democratización del Poder Judicial en México, arguyendo que nuestro país será inconvencional, es decir, que no cumple con tratados internacionales y se buscará desde ahí una presión externa para detener un acto soberano que no necesita, ni aceptará, aprobación de ningún órgano internacional, mucho menos de un Estado extranjero.

Los integrantes de los Comité de Evaluación, como primer filtro para aspirantes del Poder Judicial, ya fueron designados, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo han cumplido con el texto constitucional, también como consecuencia de la misma reforma que están acatando las y los Ministros, pero a medias con su renuncia del pasado 31 de octubre. Aquí la disyuntiva: desconocen y quieren nulificar una reforma vigente sin facultades, y al mismo tiempo la obedecen para tener sus canonjías económicas de por vida a las que tendrían derecho en virtud de su antigüedad en la Suprema Corte.

La otra hipótesis es que buscarán ejercitar el monopolio de la acción penal para imputar delitos cometidos en contra de la administración de justicia, y por desacatar fallos judiciales a legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo. Haciendo todavía más grande la crisis institucional que a todas luces intencionalmente están provocando.

Por su parte, el Poder Legislativo también podría iniciar procedimientos de juicio político en contra de las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no estén cumpliendo con la obligación de salvaguardar la Carta Magna, moción que algunos ya han solicitado al pleno.

Que siga siendo la mesura y la institucionalidad la que reine las decisiones de los Poderes y que no se convierta en un duelo a muerte donde el triunfo de cualquiera de las partes será pírrico.