Por Céline González (@celinefa) y Sandra Ley (@sjleyg)*
A lo largo de tres sexenios, con gobiernos distintos, las violencias en el país se han expandido y transformado. Ante esta realidad, ¿qué propuestas en materia de seguridad y de justicia están considerando Xóchitl Gálvez, Jorge Álvarez Máynez y Claudia Sheinbaum? El próximo domingo 19 de mayo se celebrará el tercer debate presidencial centrado en estos temas. A continuación ofrecemos un análisis breve de sus visiones —tanto compartidas como divergentes— sobre seguridad y justicia.
Cada plataforma parte de premisas distintas y por lo tanto hace énfasis en diferentes aspectos de la agenda de seguridad y de justicia. Sin embargo, coinciden en reconocer la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los cuerpos policiales a nivel estatal y municipal. Ante los crecientes riesgos que enfrentan las policías locales y dado el papel central que tienen en estas materias, queda pendiente saber cómo proponen lograr esta meta. Al respecto, México Evalúa ha propuesto un estándar de condiciones laborales para las policías municipales, así como una serie de guías para su financiamiento sostenible.
También coinciden en la importancia de ampliar el acceso a la justicia, si bien con ciertos contrastes. Las candidatas enfatizan la necesidad de acelerar la resolución de conflictos de carácter civil, mientras que el candidato se enfoca en el papel de las Defensorías Públicas.
Las coincidencias son más acotadas en otros temas. Por ejemplo, Sheinbaum y Gálvez ponen énfasis en el combate a la extorsión, así como en la necesidad de coordinación gubernamental, aunque difieren en la manera para lograrlo. Sheinbaum hace énfasis en mejorar la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), lo que genera dudas sobre si este organismo preservaría su autonomía. Por su parte, Gálvez apuesta por la colaboración entre niveles de gobierno, aunque deja abierta la pregunta de cómo se alcanza esto en un contexto de alta polarización partidista, y más cuando hay evidencia del uso político del aparato de seguridad y justicia.
Contrastan también las visiones sobre el papel de las distintas fuerzas del orden en el país. Sheinbaum propone fortalecer a la Guardia Nacional (GN) y respaldar el papel de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), como “parte central en el aparato de seguridad interna”. De esta forma reitera su compromiso para mantenerlas con un papel activo en la política interior. Gálvez, por su parte, postula un mando civil para la GN y la duplicación de su tamaño actual, al mismo tiempo que busca enfocar a las FF.AA. en las regiones más violentas. Máynez coincide en este último punto, y añade la creación de una Policía de Caminos Federal, sin mayor explicación. A pesar de que, a diferencia de Sheinbaum, estas dos últimas plataformas refieren a un retiro parcial de las FF.AA. a los cuarteles, ninguna detalla cómo o cuándo podría ser esto posible.
Por último, Gálvez y Máynez desarrollan propuestas sobre el sistema penitenciario, mientras que la propuesta de Sheinbaum no profundiza en este aspecto. Gálvez, candidata de “Fuerza y Corazón por México”, se enfoca en la construcción de una prisión de máxima seguridad, mientras que Máynez, de Movimiento Ciudadano, se centra en la mejora de capacitación en derechos humanos e inversión de infraestructura de los centros penitenciarios; también hace énfasis en procesos de reinserción social y regulación de drogas. Ninguna de estas dos visiones refiere a la crisis de gobernabilidad de las prisiones en el país, con criminales dictando reglas en su interior.
Ante la complejidad del fenómeno de seguridad y de justicia en el país, las tres visiones son relevantes y varias de estas acciones podrían implementarse a la vez. Sin embargo, quedan muchas preguntas y dudas por resolver, particularmente en lo que refiere a los ‘cómos’.
Dado el énfasis de la propuesta de Gálvez en las víctimas, la candidata debe explicar cómo logrará que la atención a este grupo tenga recursos, dado que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha tenido retos financieros considerables. Los mecanismos de atención a víctimas, además, no han tenido la capacidad de obligar a las autoridades a cumplir con las recomendaciones para proteger a esas víctimas.
Máynez alude vagamente a la construcción de un proceso de justicia transicional —es decir, mecanismos mediante los cuales se atienden legados de violaciones masivas y graves de los derechos humanos, incluyendo enjuiciamientos, comisiones de la verdad, entre otros–. Para ello, el candidato refiere a la cooperación mediante organismos internacionales de derechos humanos, sin ofrecer mayores detalles, y a pesar de que éste es el mayor pendiente y reto de la democracia en México.
Dado que Sheinbaum reconoce explícitamente la necesidad de replantear la naturaleza de la relación entre el nuevo liderazgo de la 4T y las FF. AA., al mismo tiempo que enfatiza la disciplina, la educación y tamaño de las mismas para seguir al frente de las tareas de la 4T, es fundamental que aclare su posición frente a las violaciones graves de derechos humanos que siguen cometiendo las FF.AA.
Finalmente, ninguna de las tres plataformas logra proporcionar soluciones articuladas al complejo y creciente papel de los grupos criminales en México. La extorsión ha distorsionado la actividad económica; la incidencia del crimen organizado en las elecciones ha vulnerado la democracia mexicana; el crimen organizado ha buscado regular la vida diaria de comunidades enteras.
Más allá del debate presidencial del 19 de mayo, quien llegue a la presidencia necesitará atender la compleja transformación de la actividad criminal en México, su relación cercana con el Estado mexicano y sus consecuencias. Para esto, deberá desarrollar políticas públicas viables y articuladas, algo que hasta el momento las distintas plataformas no atinan a definir.
*Programa de Seguridad de México Evalúa
