El pasado 11 de agosto se llevó a cabo una importante movilización frente a la sede principal del Instituto Nacional Electoral y de la mayoría de sus sedes estatales. Los convocantes fueron el Frente Cívico Nacional y México Unido, dos agrupaciones ciudadanas interesadas en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. El objetivo, conminar a los Consejeros del INE a respetar la Constitución y a impedir el “agandalle” de la cámara de diputados urdido mediante la sobrerrepresentación artificial del partido en el gobierno.
En el documento que se leyó durante la movilización se explica claramente que la representación proporcional nace para que las minorías estén debidamente representadas. La sobrerrepresentación de la mayoría las despoja de sus derechos políticos a ser consideradas para cualquier modificación a la Constitución, así como de su facultad para interponer Acciones de Inconstitucionalidad. La subrepresentación de las minorías desvaloriza el voto de quienes optaron por ellas y abre paso a la dictadura de la mayoría.
Irónicamente, la mejor interpretación jurídica sobre el tema es obra de la entonces Ministra Olga Sánchez Cordero (actualmente afiliada al partido en el gobierno) quien, en 1998, le dio la razón al entonces presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que el objetivo de la barrera Constitucional en contra de la sobrerrepresentación es “garantizar de manera efectiva la pluralidad en los órganos legislativos, permitiendo que formen (parte) de ellos candidatos de los partidos minoritarios e, impidiendo, a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerrepresentación”.
De acuerdo con este criterio de la Suprema Corte de Justicia, ningún partido o coalición electoral podrá tener más de 300 diputaciones, sumando a las de mayoría y de representación proporcional, también conocidas como plurinominales.
La maniobra mediante la cual buscan romper esta barrera es de alto riesgo. En las pasadas elecciones la mayoría de los votantes cruzó el emblema de un solo partido, siendo Morena el principal beneficiado dentro de la Coalición ganadora, pero ahora pretenden transferirle parte de esos votos a sus partidos satélites que son el PT y el Verde, para “aligerarse” y así obtener más diputaciones plurinominales, hasta superar entre los tres la barrera de las 300.
El oficialismo obtuvo 54% de los votos en las urnas, favorecido con el tope del 8% de sobrerrepresentación permitido en la Ley, tendría derecho a máximo el 62% de las diputaciones. Las cuentas alegres de la Secretaria de Gobernación pretenden que el INE le asigne el 74% de las diputaciones. Por otro lado, la oposición que obtuvo el 42% de los sufragios vería reducida su representación a solamente el 26% de las diputaciones.
En los próximos días el Consejo General del INE tendrá que resolver sobre el tema. La presidenta Tadei tendrá entonces que ejercer con responsabilidad el mandato del pueblo y anteponer la ética y la justicia a sus vínculos personales y patrimoniales con el partido en el gobierno.
Si se otorga la salvaje e inconstitucional sobrerrepresentación al oficialismo se le permitiría ignorar la voluntad de más de 27 millones de electores que no votaron por ellos, pudiendo cambiar unilateralmente el régimen político, acabar con el equilibrio de poderes, despojarnos de nuestros derechos humanos, eliminar todos los contrapesos democráticos y controlar las elecciones desde el gobierno. Una maniobra tan riesgosa que ni Houdini mismo se hubiera atrevido a hacerla.
