En las últimas semanas se ha hecho muy visible en nuestro país la lucha contra el VIH-SIDA y el papel que juega en ella, la sociedad civil organizada.
En este contexto, vale la pena hacer una reflexión sobre los avances logrados desde que se conoció el virus, los retos que aún representa y, sobre todo, la importancia de la participación de las OSC para hacerles frente.
El VIH-SIDA es uno de los retos de salud pública más urgentes que hay en todo el mundo. Una de las metas específicas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU es ponerle fin; y la mayoría de países atienden el tema de manera prioritaria.
Sin embargo, no siempre fue así. Durante los años posteriores a 1981, cuando se registró el primer caso en Estados Unidos (en México fue en 1983), los gobiernos y las sociedades, se negaron a reconocer la magnitud del problema que tenían enfrente. Se trataba de una enfermedad “rara”, que solo se había detectado en pocos países y que, se pensaba, solo afectaba a una minoría muy específica de la población.
No fue hasta que el virus comenzó a afectar a personas de todas las edades y de todos los sectores, cuando nos dimos cuenta de los alcances del virus y el gran reto de salud pública que representaba. Entonces los gobiernos comenzaron a tomar medidas para hacerle frente y la sociedad comenzó a informarse. Un proceso que se dio de la mano con las organizaciones civiles.
Y es que, desde que se registraron los primeros casos surgieron, también, los primeros movimientos y grupos que buscaban dar respuestas. Activistas, profesionales de la salud y muchas otras personas se sumaron a las mujeres y hombres portadores del VIH para exigir atención del Estado. Y también para atender a los pacientes, investigar el padecimiento, desarrollar medicamentos que permitieran controlar el virus y a concientizar a la sociedad sobre la realidad de la enfermedad.
Fue gracias a su perseverancia que se lograron avances en todo el mundo. En México, por ejemplo, desde 2003, el acceso a antirretrovirales es gratuito en el sistema de salud pública. Esto ha permitido que poco más del 60 por cinto de las personas seropositivas reciba el tratamiento, lo que les permite mantener su salud y alargar su esperanza de vida. A la par, desde 2008, la tasa de mortalidad de pacientes con VIH-Sida ha disminuido poco más del 17 por ciento.
Y lo más importante, cada vez hay más información sobre cómo prevenir su transmisión y, sobre todo, más conciencia de los derechos de las personas portadoras. Es claro que aún hay muchos pendientes.
Primero, avanzar en el diagnóstico. En México una de cada tres personas con VIH no sabe que lo tiene. Esto hace difícil que se les pueda atender y que se puedan dar pasos más firmes para su erradicación.
Otro desafío es garantizar la cobertura universal de antirretrovirales. Si bien, ya son de acceso gratuito, muchas personas seropositivas no accede o interrumpe el tratamiento.
Y un tercero, está en seguir combatiendo la discriminación hacía las personas seropositivas; y garantizar el ejercicio de sus derechos.
Se trata de retos complejos que exigen del trabajo de todos. De la ciudadanía, combatiendo estigmas. De legisladores, promoviendo leyes que ayuden a prevenir y atender el VIH, desde un enfoque de derechos. Y de gobiernos, promoviendo estrategias que permitan erradicar la enfermedad.
A la par, es indispensable la participación de la sociedad civil.
Ellas y ellos conocen mejor que nadie la realidad que viven diariamente las personas con VIH, la atención que requieren y los cuidados más allá de lo médico.
Ello es así porque saben acercarse y trabajar con poblaciones clave y en lugares donde el gobierno no llega: desde picaderos con usuarios de heroína y centros de atención a migrantes, hasta clubes nocturnos o lugares donde se ejerce el sexo servicio; siempre con sensibilidad, profesionalismo y, sobre todo, experiencia.
Además, porque saben organizarse para encontrar y proponer soluciones. Así ha sucedido en las últimas semanas y tras el desabasto de antirretrovirales provocado por el cambio en el modelo de compra de medicamentos. Fueron las OSC y los activistas quienes se movilizaron para proponer al gobierno alternativas enfocadas en la reducción de costos, la depuración y sustitución de medicamentos obsoletos y el aumento en la eficacia de los tratamientos.
Y, algo que es clave, porque saben dar resultados. Solo por poner un ejemplo, gracias a su trabajo se identifican 16 por ciento de los nuevos casos.
Por eso es tan importante su involucramiento. Y por eso es tan preocupante la decisión del gobierno de suspender la convocatoria del CENSIDA para financiar proyectos de la sociedad civil encaminadas a prevenir y detectar el VIH. Se trata de un grave error de gobierno que está afectando la operación de alrededor de 200 organizaciones en el país; y que nos puede hacer retroceder en la lucha contra el virus.
Es urgente que se revierta esta decisión que, a la larga, pone en riesgo la vida de muchas y muchos mexicanos, particularmente los más jóvenes. Reitero, solo con la participación de todos, avanzaremos a un México libre de VIH.
Coordinador de senadores del PRI
@osoriochong
